Durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en los casos “Integrantes de Cajar vs. Colombia” y “Pedro Julio Mahecha Ávila vs. Colombia”, llevado a cabo el 17 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro aseguró que en Colombia no se está garantizando el acceso a la verdad, en relación con los crímenes cometidos en el conflicto armado.
De acuerdo con su explicación, se requiere de toda una institucionalidad que se encargue de la tarea que alcanzar la verdad los hechos victimizantes que han dejado miles de víctimas en el país. “Aquí las garantías de no repetición tienen que ver con construir una institucionalidad, que aún no existe, para que se sepa la verdad”, dijo el primer mandatario.
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El presidente explicó que la labor de buscar la verdad y exponerla ante la ciudadanía está en manos de las cortes y no de quien ejerza el mandato en el país. No obstante, aseguró que las cortes no estarían cumpliendo con ese deber.
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“Por alguna razón, y yo les demando el porqué, no nos están ayudando a construir la institucionalidad de la verdad”, señaló el primer mandatario.
Según detalló, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la principal responsable de dar a conocer los hechos de violencia que se presentaron en el conflicto armado. Su creación surgió tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y lleva siete años investigando a actores armados vinculados a todo tipo de crímenes vinculados al conflicto, como asesinatos, secuestros, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos.
“La JEP, tal y como quedó escrita en los acuerdos de paz con las Farc, que son declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser la instancia de cierre de la verdad en Colombia”, indicó el presidente.
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Desde la perspectiva de Gustavo Petro, la JEP debería incluir a todos los actores que pudieron haber participado en esos los casos investigados. Eso involucra, por ejemplo, a exparamilitares que se acogieron a Justicia y Paz y terceros, como narcotraficantes.
“Pueden recibir declaraciones hasta de narcotraficantes, dice el acuerdo. Antes de que un narcotraficante se vaya extraditado, debe rendir declaración ante la JEP en lo que tiene que ver con el conflicto armado”, expuso.
Entonces, el mandatario hizo un cuestionamiento sobre la posibilidad de que los narcotraficantes sean escuchados por la JEP, indicando que la información que suministren puede ser muy útil para el Gobierno de Estados Unidos, que lleva décadas emprendiendo una lucha contra el tráfico de estupefacientes.
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“¿Puede ser o no puede ser?, ¿o tenemos que arrodillarnos al Gobierno de Trump?, porque a ellos sí la verdad que les interesa”, aseveró.
Según Gustavo Petro, todo aquel que tuvo alguna participación en el conflicto, debe declarar ante la JEP, con el fin de que la verdad sobre sus crímenes no quede silenciada y olvidada.
En 2023, el primer mandatario también se refirió a las funciones que, a su juicio, debe cumplir el tribunal de paz, teniendo en cuenta lo acordado entre las partes en 2016, que yace en el Acuerdo de Paz. En una carta enviada a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el jefe de Estado aseguró, entre otras cosas, que la JEP debería “proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía”.
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El entonces presidente de la Jurisdicción, magistrado Roberto Carlos Vidal, se pronunció por medio de un comunicado, indicando que el Gobierno no es competente para dar órdenes al tribunal de paz.
“El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”, señaló.