El Congreso de la República continúa en la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026, que ya fue aprobado por las Comisiones Económicas Conjuntas en su primer debate. El 24 de septiembre de 2025, los legisladores de las comisiones fijaron un presupuesto de $546,9 billones, aplicando así una reducción de $10 billones de la propuesta inicial del Gobierno nacional de $556,9 billones.
La senadora de la República Angélica Lozano se pronunció al respecto, alertando sobre la ley de financiamiento que requiere el Gobierno para completar una parte del presupuesto. “En el debate del Presupuesto 2026 hay un detalle que preocupa: el Gobierno calcula ingresos por $530 billones, pero mete $16 billones más condicionados a una reforma tributaria que aún no existe”, señaló la congresista en su cuenta de X.
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En consecuencia, informó que presentó una proposición que “pone un candado a la deuda”. Por medio de esta propuesta, espera blindar los recursos públicos e impedir que el Gobierno aumente el PGN. “Un seguro que garantice que, si no hay reforma, no puedan inflar los ingresos con plata que no existe. ¿Cómo la ven?”, indicó la senadora.
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En la proposición se establece agregar un artículo nuevo al proyecto de ley No. 102 de 2025 Cámara, 083 de 2025 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026”. Este quedaría de la siguiente manera:
“Los ingresos del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, sin considerar una ley de financiamiento, se estiman en quinientos treinta billones de pesos ($530 billones). El monto adicional, hasta por dieciséis billones de pesos (S16 billones), previsto en este proyecto de ley, estará condicionado a la aprobación de la respectiva ley de financiamiento, En caso de no aprobarse, los ingresos no podrán exceder los quinientos treinta billones de pesos ($530 billones)”, se lee en el documento firmado y compartido por Lozano.
Polémica por recortes en la ponencia del presupuesto
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció una importante reducción del presupuesto para la entidad, que quedó establecido en la ponencia. De acuerdo con la funcionaria, la disminución sería de casi el 50% en comparación con los recursos recibidos en 2024, generando graves consecuencias en el trabajo que hace la Defensoría en los territorios.
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“De aprobarse el presupuesto como se propone en la ponencia, la Defensoría tendrá en el año 2026 el 47,3% menos del presupuesto de inversión que tuvo en 2024. Esto impactará severamente nuestra misionalidad y, particularmente, nuestro despliegue en el territorio”, precisó Marín en su cuenta de X.
El recorte se traduce en $59.530 millones menos, y el impacto se hace todavía más evidente en el presupuesto de inversión, con un 30% menos para 2026. Aunado a ello, lo establecido en la ponencia implica una reducción en $151.222 millones de lo que había solicitado la Defensoría para garantizar la continuidad de sus labores en la vigencia de 2026. “Esto es 11,2% menos del presupuesto solicitado por nuestra entidad”, aclaró.
La situación es grave, teniendo en cuenta que es el segundo año consecutivo en el que se plantea una reducción en el presupuesto de la Defensoría; en 2025, se aprobó un 6,9% menos de los recursos solicitados.
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"Con la reducción de la capacidad misional de la Defensoría, la presencia y acompañamiento humanitario seguirá disminuyendo en todo el país, incluyendo en las zonas más afectadas por la violencia, en un año electoral, con serios riesgos para las poblaciones”, detalló la defensora del Pueblo.