El debate en torno a la medición de cultivos de cocaína en Colombia tomó un nuevo giro después de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ofreciera aplicar una nueva metodología estadística, tras los recientes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro y la decisión de Estados Unidos de retirar la certificación al país como aliado en la lucha antidrogas.
En un comunicado publicado en X, la ONU sostuvo que “reconoce que los datos relacionados con la producción potencial de cocaína son limitados para tener un panorama más preciso de [...] la implementación de la política de drogas” y manifestó su disposición a colaborar con el Ejecutivo colombiano para “aplicar otros modelos estadísticos”.
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Ante el mensaje de la organización internacional, el presidente usó su cuenta de X para resaltar el presunto error de la ONU.
Sin embargo, el mandatario nacional únicamente compartió una imagen del Sistema de Medios Públicos (Rtvc) en la que se destacó el reconocimiento de las fallas en las mediciones.
La controversia se avivó a raíz del último informe de la ONU, que registró 253.000 hectáreas de narcocultivos en 2023, una cifra que representaba un récord histórico y cuya rigurosidad fue puesta en duda por el propio Petro.
Según la postura del mandatario, estas cifras “inflaron” artificialmente la producción y sirvieron de argumento principal para la reciente descertificación impuesta por Washington. El presidente colombiano señaló en X: “Acepta corregir el resultado de 2023 bajo nueva revisión. Toda la descertificación se montó sobre este hecho”.
La descertificación, anunciada tras críticas recurrentes de la administración de Donald Trump por supuesta inacción de Colombia frente al narcotráfico, no implicó la suspensión inmediata de la ayuda económica ni militar.
“Vuelvo a afirmar que Colombia en este gobierno es el país en el mundo y en la historia que más cocaína en el mundo y que más combate a los narcotraficantes, no sin dejar de luchar por una nueva política que sea contra los narcotraficantes en el mundo y que mitigue de verdad daños en las personas y la sociedad”, comentó el presidente colombiano
No obstante, la Casa Blanca mantiene la posibilidad de implementar diversas medidas, incluida la revisión de aspectos clave de la cooperación bilateral, como la entrega y mantenimiento de helicópteros Blackhawk, que son esenciales en la lucha antinarcóticos.
El Gobierno colombiano interpreta la medida como resultado de “una decisión política” motivada por diferencias ideológicas entre Petro y Trump, sobre todo en asuntos como migración y la guerra en Gaza.
El Ejecutivo acusa a Estados Unidos de utilizar el tema antidrogas como presión, mientras hace énfasis en los esfuerzos nacionales: en lo que va de 2025, el país ha logrado el decomiso de 700 toneladas de cocaína y la destrucción de 4.570 laboratorios clandestinos, según cifras reveladas por el Ministerio de Defensa.
Las críticas de la oposición aumentaron en este contexto, señalando el escaso avance en la política de “paz total” de Petro y haciendo notar que 2025 se perfila como uno de los años más violentos en la última década.
La descertificación representa un revés para el Gobierno colombiano en un momento en que enfrenta la presión de grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, que han expandido su papel en el tráfico de drogas tras apartarse del acuerdo de paz de 2016.
Sumado a la tensión en torno a la política antidrogas, las relaciones bilaterales con Washington sufrieron un nuevo golpe cuando autoridades estadounidenses retiraron la visa a Petro y parte de su gabinete debido a las declaraciones propalestinas del mandatario durante una intervención en Nueva York.
En este complejo escenario, Bogotá insiste en que “sigue haciendo lo suficiente” contra el narcotráfico y espera que una nueva metodología de medición “corregirá” lo que considera “errores metodológicos” en la estimación de los cultivos ilícitos.
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