En la tarde del domingo, un ataque con morteros perpetrado por integrantes del ELN contra una base militar en Arauquita dejó un soldado muerto y seis más heridos. El hecho ocurrió en el centro poblado de Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, zona fronteriza frecuentemente afectada por la violencia derivada del conflicto armado.
Según declaraciones ofrecidas por el Comando de la Décima Octava Brigada, la base del Batallón de Infantería Mecanizado Número 59 fue blanco de explosivos en un acto atribuido a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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En el ataque, el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno perdió la vida debido a la gravedad de las heridas sufridas. Otros seis uniformados resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a Yopal, Casanare, donde actualmente reciben atención médica especializada.
El Ejército Nacional, en su comunicado oficial, reiteró el rechazo categórico a este acto criminal, señalando el riesgo permanente al que se ven expuestos tanto los militares como la población civil en la región. Las autoridades militares recalcaron su compromiso con la seguridad de las comunidades locales y anunciaron el fortalecimiento de las operaciones en la zona para restablecer el orden.
Por su parte, los familiares y compañeros del soldado fallecido recibieron las condolencias institucionales: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestro soldado Ceballos, a quienes acompañamos en este difícil momento”, declaró el Comando de la Décima Octava Brigada. Además, la institución manifestó solidaridad con los soldados heridos y subrayó el respaldo y los esfuerzos encaminados para su recuperación.
Hasta el momento no se ha informado sobre el alcance del daño material en la infraestructura de la base atacada, que en los últimos meses ya ha sufrido otros embates atribuibles al mismo grupo armado. El 17 de septiembre de 2024, la base militar de Puerto Jordán fue blanco de otro ataque que dejó 26 soldados heridos y tres fallecidos con el paso de los días, según informes de fuentes militares y medios locales.
Estos hechos se inscriben en una escalada de la confrontación armada, que tiene repercusiones directas sobre la población civil. Tras el ataque de septiembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el incremento del riesgo para los habitantes de Arauquita y otras comunidades limítrofes a raíz de explosiones y enfrentamientos armados. La entidad denunció que los combates colocaron a los civiles en medio del fuego cruzado, situación que generó desplazamientos, confinamiento y temor generalizado.
El reinicio de la violencia en esta zona del país forzó a mediados de enero de 2025 el desplazamiento forzado de más de 72.000 personas en el Catatumbo, departamento de Norte de Santander, después de enfrentamientos entre el Frente de Guerra Oriental del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Las cifras del Puesto de Mando Unificado regional contabilizan, hasta ese momento, 2.540 personas confinadas y 173 muertes, entre civiles, militares y policías.
El contexto de los ataques coincide con el enfriamiento de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, afectados por la continuidad de acciones armadas y la persistencia de incidentes violentos en distintas regiones de Colombia. La última ofensiva del domingo reavivó los llamados de las autoridades y de la sociedad civil por el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población residente en zonas de conflicto.
El Ejército Nacional informó que ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación para iniciar la investigación de estos hechos y determinar la responsabilidad individual y colectiva por el ataque. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo solicitaron medidas de prevención adicionales para proteger a la población civil afectada por el conflicto.
El municipio de Arauquita y sus alrededores se mantienen bajo vigilancia militar intensificada, mientras las autoridades continúan las tareas de patrullaje y búsqueda de los responsables materiales e intelectuales del ataque. Voceros institucionales recordaron que la base de Puerto Jordán ha sido blanco de amenazas y atentados recurrentes, lo que mantiene un clima de alerta permanente.