La familia del fallecido Luis Andrés Colmenares, fallecido en extrañas circunstancias el 31 de octubre de 2010, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a quienes acusan de no haber adoptado medidas efectivas para garantizar su seguridad tras recibir amenazas recientes.
En el documento presentado, los abogados Felipe Alzate y Simón Hernández solicitan que se inicien acciones penales, argumentando que la falta de respuesta de la entidad ha dejado a los familiares de Colmenares en una situación de vulnerabilidad.
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“Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas omisiones por parte de la UNP relacionadas con la adopción de medida efectivas para garantizar la seguridad de nuestros representados, quienes han sido objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos recientes”.
Y agregó: “No puede permitirse que el contexto actual de desprotección a líderes de oposición y figuras públicas sea tolerado por las autoridades encargadas de su protección. La indiferencia institucional ante estos riesgos constituye una vulneración directa a los derechos fundamentales de la familia Colmenares”.
En respuesta a los alegatos de la familia Colmenares, la entidad, liderada por Augusto Rodríguez, publicó un comunicado en el que desmintió la mencionada versión.
“Es falso que la UNP ha ignorado u omitido solicitudes de protección de Jorge Luis Colmenares y su familia. El señor Jorge Luis Colmenares y su familia presentaron una denuncia contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) por una supuesta omisión en materia de seguridad”, explicó.
De igual manera, sostuvo que la denuncia no tuvo en cuenta los procedimientos y deberes de la UNP.
“Esta acusación parte de un desconocimiento absoluto sobre las funciones de la entidad y sobre cómo se le han brindado las medidas de protección, las cuales, a la fecha, se mantienen y han sido idóneas según el nivel de riesgo que se le ha evaluado”, se lee en el documento.
Y argregó: “Como concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, el señor Colmenares recibió medidas de protección desde 2020. Al finalizar su gestión en 2023, su condición cambió de servidor público a activista político, en razón a que se informó a la UNP sobre su militancia en el partido Alianza Verde”.
La entidad adscrita al Ministerio del Interior también resaltó que siguieron las recomendaciones que sugieren la disminución del esquema de seguridad de la familia Colmenares.
“En cumplimiento de la normatividad, en 2024 se presentó nuevamente su caso al organismo técnico interinstitucional que avala las evaluaciones de riesgo. Dicho organismo recomendó modificar las medidas de protección en concordancia con la disminución de su nivel de riesgo”.
En paralelo, la UNP señaló que ante la denuncia de amenazas inició un estudio de riesgo para evaluar si se debía o no reforzar la protección. En efecto, indicó que el proceso está vigente.
“No obstante, en ese mismo mes, la Fiscalía General de la Nación remitió un oficio informando a la UNP sobre presuntas amenazas en contra de la familia Colmenares Escobar, motivo por el cual se inició un nuevo estudio de nivel de riesgo y, en atención a ello, las medidas de protección del exconcejal de Bogotá se mantienen vigentes”.
Así las cosas, la institución señaló que ha actuado conforme a lo establecido por la ley, manteniendo su compromiso por salvaguardar la integridad de los colombianos en riesgo.
“La UNP actúa de manera estricta conforme a la ley y a los procedimientos que rigen el Programa de Prevención y Protección. Cada actuación está respaldada por la normatividad vigente, sin excepción. Frente al caso del señor Jorge Luis Colmenares y su familia, la entidad continuará con el trámite correspondiente, aunque cabe precisar que, en lo que va corrido de 2025, no se ha recibido ninguna solicitud directa por parte de sus familiares”.