Una nueva jornada de manifestaciones se registró en inmediaciones a la sede de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en respuesta a sus vínculos con Israel ―aliado histórico de Colombia, hasta la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia―, con la que mantiene vínculos comerciales con respecto a la exportación de carbón a ese territorio.
El 2 de octubre de 2025, en el segundo día de movilizaciones, los participantes de la protesta llegaron a las oficinas de la agremiación, ubicadas en la calle 73, para presionar la revisión de los vínculos con ese país por cuenta del conflicto bélico que se desarrolla en la Franja de Gaza.
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No obstante, la jornada se tornó violenta cuando encapuchados vandalizaron el CAI de la Policía Nacional, ubicado en a avenida Chile con carrera Séptima, a tan solo unas cuadras de la sede principal de la agremiación. Ante estos hechos, se detuvieron las labores de diálogo que eran lideradas por funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
La arremetida de encapuchados contra la infraestructura de la institución policial obligó al despliegue de agentes antidisturbios de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), con el fin de restablecer el orden público en esa concurrida zona del norte de la capital del país.
En videos difundidos en redes sociales se puede ver cómo los manifestantes, que cubrían sus rostros con capuchas, pintan las instalaciones de la institución con mensajes alusivos a la lucha de clases y al conflicto en Oriente Medio.
Las manifestaciones iniciaron a primera hora de la tarde cuando un grupo de personas se congregó en la calle aledaña a la sede principal de la agremiación, por lo que de inmediato fue necesaria la presencia de funcionarios de la Administración distrital para evitar posibles alteraciones del orden público.
Ante la arremetida violenta de los manifestantes, la fuerza pública hizo presencia en el lugar, lo que derivó en alteraciones a la movilidad de los ciudadanos en ambos sentidos de la carrera 7 con calle 73, lo que obligó a que fueron habilitadas rutas alternas.
Desde la Alcaldía Mayor, en cabeza de Carlos Fernando Galán, rechazaron las alteraciones al orden público y fueron enfáticos en que estas deslegitiman el sentido de las manifestaciones y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos ajenos a las causas.
“Rechazamos estas actuaciones que afectan e intimidan a quienes no hacen parte de las movilizaciones y deslegitiman el objetivo pacífico de las mismas. Reiteramos que en Bogotá no tiene cabida ni la violencia, ni los mensajes de odio que pretenden justificarla y que nos dividen como sociedad”, sentenció la Secretaría de Gobierno.
Los mensajes de rechazo a las manifestaciones violentas al norte de la capital también vinieron desde el cabildo distrital por parte de la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, que señaló al presidente Gustavo Petro como el principal responsable de la violencia que, aseguró “está destruyendo a Bogotá”.
Bajo este argumento, Diago le hizo un contundente llamado al alcalde Galán para que haga valer su autoridad e identifique a los delincuentes que lideran las manifestaciones y, asimismo, los capture y ponga disposición de las autoridades competentes.
“Los vándalos, amigos del petrismo, están destruyendo Bogotá y atacando a la fuerza pública. Alcalde Galán, le exijo que haga respetar Bogotá, se capture a estos delincuentes, se judicialicen y se logre que paguen la totalidad de los daños. No más tibiezas, Carlos Fernando. Petro y su discurso incita a esto. Basta ya”, aseguró la cabildante.