Mientras el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo, adelanta una mesa de diálogos con el Gobierno colombiano en Doha (Qatar), crece la preocupación entre los habitantes de Buriticá, departamento de Antioquia, por supuestos cobros extorsivos y multas impuestas por la estructura armada.
Según información publicada en Caracol Radio, los habitantes de zonas como El Naranjo, La Angelina y veredas cercanas a la cabecera municipal, como Los Asientos, Murrapal, Igabra y Mogotes, enfrentan una serie de restricciones y sanciones económicas impuestas por este grupo ilegal, que ha extendido su influencia en la región.
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De acuerdo con el citado medio de comunicación, el EGC ha establecido un sistema de normas de convivencia cuya infracción puede acarrear sanciones que oscilan entre uno y cuatro millones de pesos.
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Estas multas se aplican según el tipo de falta que, a juicio del grupo armado, cometan los habitantes.
Del mismo modo, los comerciantes de la región antioqueña han sido obligados a pagar una cuota disfrazada bajo el concepto de “vigilancia”, la cual es de carácter obligatorio y, según los testimonios, los ilegales estarían considerando ampliar este cobro al resto de la población.
“La multa puede ir de 1 hasta 2 millones; lo ponen a pagar por allá en donde ellos digan. Parte de la comunidad y, fuera de eso, le cobran la multa”, dijo uno de los habitantes de Buriticá a la cadena radial.
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Adicionalmente, el habitante, que no reveló su identidad por seguridad, aseveró que las multas económicas aumentan según la gravedad del incumplimiento a un presunto reglamento en el territorio.
“Si usted pelea, si usted se mete con la mujer del vecino, si la vecina se mete con el marido de la vecina, suban multa hasta de 3, 4 millones. Ahorita están cobrando la vigilancia, que, porque ellos son los que cuidan, los que están pendientes, ya quieren cobrar a los negocios. Cada vez está más complicada la situación”, aseveró el denunciante a la cadena radial.
Restricciones a la población y reclutamiento de menores
El control ejercido por el Clan del Golfo no se limita a las sanciones económicas.
Los comerciantes deben acatar horarios impuestos y solicitar autorización para realizar celebraciones, bajo la amenaza de ser multados si incumplen estas disposiciones.
Además, el grupo ilegal ha recurrido al reclutamiento de menores de edad, quienes son utilizados para la venta de estupefacientes en las denominadas plazas de vicio o contratados como informantes, lo que incrementa la preocupación entre los residentes.
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El temor a represalias ha impedido que los afectados denuncien formalmente ante las autoridades. Otro de los denunciantes le manifestaron a la misma cadena radial que el control y la presión ejercidos por el Clan del Golfo resultan intimidantes, y que la información sobre estas prácticas es conocida por las autoridades, aunque la respuesta institucional ha sido insuficiente.
Incluso, aseveró que los líderes sociales del municipio antioqueño han estado en silencio debido a las intimidaciones del grupo armado, en caso de que denuncien sus actividades ante las autoridades.
“Siempre se han hecho los de la vista gorda y, digamos, que usted sabe que como los líderes sociales en este momento atraviesan por una situación bastante delicada, cualquiera se atreve a denunciar o a estar de pronto hablando de demás porque eso sería un problema, o ganarse la muerte ahí fácilmente. La verdad, sí, por eso la gente no denuncia y le da miedo”, expresó un denunciante en diálogo con Caracol Radio.
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Pese a las intimidaciones del grupo armado, un grupo de residentes de Buriticá decidieron informar la situación e imploraron por la presencia de la fuerza pública.
“Realmente sí necesitamos más acompañamiento de las autoridades de los gobiernos, más acompañamiento hacia las comunidades que quedan vulnerables ante estos grupos y ante esas situaciones que, la verdad, son lamentables. De hecho, a las personas que no les dan la oportunidad de estar aquí, pues, prefieren salir del territorio porque es muy complicado, la verdad”, concluyeron.