El expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso que la Justicia Penal Militar revise las condenas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra exmilitares.
Desde Pasto, el líder del Centro Democrático recordó que había planteado que cualquier condena de la JEP debía ser revisada por la justicia ordinaria, pero ante el pedido de muchos, solicitó que también sea revisada por la Justicia Penal Militar.
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“Ellos han pedido acá en Pasto con mucha razón que la revisión la haga la Justicia Penal Militar, yo creo que el país tiene que reflexionar en eso”, afirmó Uribe Vélez.
El expresidente Uribe afirmó que la intención no es tratar de extender el periodo de la JEP, sino que la Justicia Penal Militar sea la única en tomar una decisión.
Además, precisó que en caso de ser hallados culpables, la condena contra los exmilitares no superen los cinco años de prisión.
Álvaro Uribe ya había lanzado duros cuestionamientos a la JEP y al Acuerdo de Paz de 2016.
El exmandatario colombiano compartió el relato de Juan Felipe Lozada, víctima de la extinta guerrilla, con el mensaje: “la JEP procedió de acuerdo el nefasto texto de La Habana”.
Asimismo, catalogó a la Jurisdicción Especial para la Paz como “innecesaria”, ya que, según él, bastaba con una declaración ante un notario y supervisar la justicia.
“Con el nefasto acuerdo de La Habana, la JEP era innecesaria, habría bastado una declaración ante un notario y una supervisión de la justicia”, aseveró Uribe Vélez.
Según el líder natural del Centro Democrático, militares han “declarado delitos no cometidos” para supuestamente garantizar su libertad.
“Militares han declarado delitos no cometidos para garantizar su libertad, esta trampa a nuestros soldados fue advertida sin receptividad por el Gbno de la época del Acuerdo. Sin más JEP, cualquier condena a militares debe ser revisada por la justicia ordinaria y aquellas que confirmen tendrían por nueva ley, para discutir, una pena máxima de 5 años”, aseveró.
Sentencia de la JEP
La JEP emitió una sentencia sobre homicidios y desapariciones forzadas cometidos por miembros del Estado en la costa Caribe, dentro del proceso judicial relacionado con el Batallón de Artillería número 2 La Popa. Este fallo ha sido catalogado como un avance relevante dentro de la justicia transicional y restaurativa en Colombia.
Durante una ceremonia pública, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, señaló que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sufrieron afectaciones significativas y fueron objeto constante de estigmatización y acusaciones.
Ramelli destacó que la investigación se apoyó en abundante material probatorio, como documentos, declaraciones y testimonios, así como confesiones voluntarias de quienes participaron en estos delitos y admitieron su responsabilidad ante la jurisdicción y las víctimas.
La exposición del caso resaltó la responsabilidad de actores estatales en crímenes cuya intención era aumentar reportes oficiales, presentando a ciudadanos inocentes como víctimas con el objetivo de inflar estadísticas institucionales.
Ramelli también subrayó la importancia de rechazar cualquier forma de negación de estos hechos y sostuvo que sí se trató de crímenes internacionales que vulneraron los principios fundamentales de la democracia colombiana.
El fallo identifica como principales responsables a cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados que integraron el batallón en Valledupar, acusándolos de la muerte de 135 civiles en Cesar y La Guajira, entre 2002 y 2005. Las condenas oscilan entre cinco y ocho años de prisión.
Esta resolución es la primera de cinco previstas dentro del caso 03, que investiga los llamados falsos positivos en varias regiones del país como Antioquia, Casanare, Huila, Norte de Santander y Meta.
Las pesquisas de la JEP permitieron detectar dos conductas criminales predominantes: la primera consistía en reportar como bajas en combate a personas asesinadas, en coordinación entre miembros de la fuerza pública y el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La segunda consistía en detenciones arbitrarias de personas en condiciones vulnerables, quienes posteriormente eran asesinadas y presentadas falsamente como muertas en confrontaciones armadas.
El tribunal dispuso que todas las sentencias se cumplirán bajo vigilancia pública, con mecanismos de seguimiento institucional y mayor participación de las víctimas en el proceso de supervisión.