La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Colombia volvió a pronunciarse sobre la situación de los 38 ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela, quienes, según denuncian, permanecen aislados y en condiciones que las familias consideran arbitrarias.
Juan Daniel Peñuela, presidente de la Comisión, pidió al Estado colombiano una intervención urgente para lograr la pronta liberación y el respeto de los derechos fundamentales de los detenidos.
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“¡Sus familias merecen respuestas, no silencio! 38 colombianos están privados de la libertad en Venezuela, aislados de todo contacto. Desde la Comisión de Derechos Humanos levantamos la voz de sus peticiones, haremos control político hasta que el Estado actúe, se respeten sus derechos y regrese la esperanza a sus hogares”, manifestó Peñuela en sus redes sociales.
De hecho, en un video publicado en las redes de la Comisión, Peñuela enfatizó: “Treinta y ocho colombianos privados de la libertad arbitrariamente en Venezuela”.
A su mensaje se sumaron familiares de los reclusos, que aseguraron atravesar largos meses de incertidumbre y plantearon que la situación se asemeja a un secuestro. Una de ellas aseguró: “Para mí esto es un secuestro y para mí el gobierno de Colombia está siendo cómplice”.
Otra familiar citada en la pieza audiovisual recalcó que “están privados de su libertad, donde se les están violando todos los derechos humanos”.
Las denuncias sobre la ausencia de garantías mínimas y el aislamiento agravan la preocupación por los connacionales. Incluso, las familias sostienen que no han podido establecer comunicación regular con los detenidos.
En respuesta a estos reclamos, Peñuela anunció que la Comisión coordina acciones conjuntas con la Defensoría del Pueblo para solicitar al presidente de la República y a la ministra Rosa Villavicencio que atiendan a las familias de los afectados y aceleren las gestiones para hallar una solución.
El legislador también advirtió que, tras escuchar al viceministro en la última sesión, estudian la posibilidad de presentar un debate de moción de censura a la ministra Villavicencio.
“El Estado colombiano debe escuchar, la atención no ha sido contundente. Solo así estas familias podrán tener garantías y se avanzará hacia la pronta liberación de sus seres queridos”, afirmó Peñuela.
La situación de los 38 colombianos presos en Venezuela se mantiene bajo observación de organizaciones humanitarias, desde donde exigen información clara sobre el estado de los detenidos y los mecanismos judiciales utilizados en sus casos.
Los casos de las detenciones arbitrarias
Actualmente, de acuerdo con lo informado por el medio, existen 853 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos señalados únicamente por expresar opiniones críticas o defender sectores sociales específicos.
Durante una entrevista en el programa “La Tarde”, Marisol Saavedra, madre de Kevin Saavedra Basallo, relató los nueve meses en los que ha permanecido sin noticias certeras de su hijo, quien lleva 276 días privado de libertad.
“Ya son nueve meses que no sé el paradero de mi hijo. Le pedimos al gobierno que le dé libertad a mi hijo y los demás connacionales”, afirmó Saavedra. La detención se produjo, indicó, cuando Kevin viajó a Venezuela para conocer a su novia. “Lo detuvieron por tener la libreta militar en la billetera acusado de ser infiltrado”, detalló.
En el caso de Arlei Danilo Espitia, su hermana Lorena Espitia Lara señaló que fue arrestado tras cruzar la frontera junto a una amiga venezolana. “Pasando la frontera de Colombia con Venezuela lo detuvieron luego de hacerle una entrevista. Le dijeron que tenían que trasladarlo y después no supimos más de él”, narró Espitia.
Según su testimonio recogido por el medio, al cabo de un mes Diosdado Cabello, dirigente del oficialismo venezolano, “dice que tienen un grupo de mercenarios y lo tilda de jefe paramilitar”.
Respecto a Manuel Alejandro Tique, su hermana Diana Tique explicó que la familia perdió contacto con él poco después de su detención. “Mi hermano es un trabajador humanitario. No volvimos a tener información de mi hermano ni los motivos de la detención”, señaló. Manuel Tique, representante de una ONG, fue identificado públicamente por las autoridades venezolanas como reclutador de paramilitares, pese a que había cruzado la frontera con sus documentos en regla, según relató su hermana.