El futuro del proyecto de paz total en la Cámara de Representantes se encuentra en un punto de incertidumbre, ya que la definición de su avance dependerá de la postura que adopte la bancada Liberal.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y presentada por el ministro Eduardo Montealegre el 20 de julio, busca establecer un marco legal para negociar el desmantelamiento de organizaciones armadas sin estatus político, abarcando a las estructuras actualmente involucradas en procesos de paz.
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A pesar de los tres meses transcurridos desde su radicación, el proyecto apenas ha superado la etapa de audiencias públicas y no se han presentado las ponencias necesarias para iniciar el debate formal en la Comisión Primera.
Según explicó el coordinador ponente Alirio Uribe a El Espectador, ya se han realizado encuentros en Tumaco, Medellín y Bogotá, pero aún restan audiencias en Manizales, Pasto y Quibdó, además de una nueva mesa técnica con comunidades de Nariño.
Uribe detalló que “hemos recogido muchas observaciones y propuestas frente a la ley. Hay relatorías de todo lo que han propuesto las víctimas, las organizaciones, los sectores académicos, las observaciones que ha hecho la Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo y con base en esto estamos preparando las audiencias para primer debate”, según sus declaraciones.
El representante del Pacto Histórico advirtió que el inicio del debate en la Comisión no se prevé antes de mediados de octubre, ya que aún deben concluirse las reuniones con comunidades, víctimas y entidades relacionadas, así como realizar los ajustes finales a la ponencia.
Mientras tanto, la oposición prepara una ponencia de archivo, elaborada por los representantes José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), Julio César Triana (Cambio Radical), Juan Daniel Peñuela (Conservador) y Marelen Castillo (estatuto de oposición), que consideran inconveniente la propuesta del Gobierno.
La ponencia de archivo será presentada de manera simultánea con la ponencia positiva del Pacto Histórico. Los opositores fundamentan su postura en el concepto de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado posibles inconvenientes y advertido sobre la inconstitucionalidad del proyecto por considerar que debería tramitarse como ley estatutaria y no ordinaria.
Frente a este argumento, Alirio Uribe sostuvo que “nosotros sostenemos en que si la ley de justicia y paz es una ley ordinaria, la ley de paz total es una ley ordinaria. La ley 1820 de indultos y amnistías de las Farc es una ley ordinaria, entonces no vemos por qué esta ley tenga que ser una ley estatutaria que es lo que ha dicho la Corte, la Defensoría y colegas de la Comisión Primera”, dijo al medio citado.
El equilibrio de fuerzas en la Comisión Primera quedó evidenciado en la reciente elección de la Presidencia, que se resolvió a favor de Gabriel Becerra (Pacto Histórico) tras un empate de 20 votos con Carlos Ardila (Liberal), definido por sorteo.
Consultas realizadas por El Espectador a la Comisión indican que la bancada Liberal será determinante para el destino del proyecto. Aunque el Gobierno cuenta con un número considerable de parlamentarios en la Comisión, debe enfrentar la oposición de sectores verdes, liberales y conservadores, que, pese a sus divisiones internas, han mostrado inclinación por rechazar la iniciativa.
El dictamen negativo de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia generó inquietud en la bancada oficialista, que no descarta la posibilidad de retirar el proyecto si no se logran los votos necesarios, con el objetivo de evitar “dar una victoria” a la oposición. No obstante, desde el Ejecutivo se mantiene la determinación de buscar la aprobación de la propuesta.