El martes 23 de septiembre, la plenaria del Senado de la República de Colombia someterá a votación el proyecto de ley 212 de 2024, una iniciativa orientada a garantizar una financiación estable y suficiente para las universidades públicas del país. La propuesta busca transformar en fondo el modelo actual de financiación de la educación superior pública, con el propósito de atender los retos presupuestales históricos de las instituciones oficiales y proyectar su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.
Hasta la fecha, el Senado ha aprobado los artículos 1, 5 y 7 de la reforma, que reconocen a la educación como un derecho fundamental, establecen los principios de equidad e inclusión y plantean el incremento progresivo de los recursos para las instituciones públicas. Si bien estos artículos representan avances sustanciales en la visión estatal sobre la educación superior, el resultado de la votación determinará si el país logra o no un giro definitivo en la manera de garantizar la financiación del sector.
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Según lo señaló la cartera de Educación, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el sector de educación superior recibió recursos adicionales no antes vistos; como respuestas a las brechas acumuladas de desfinanciamiento y la necesidad de ampliar el acceso para los jóvenes de todas las regiones.
La cartera precisó que dichas inversiones generaron mejoras en la calidad educativa, infraestructura, bienestar y permanencia estudiantil. No obstante, desde el Ejecutivo y diversos sectores académicos insisten en que resulta imprescindible contar con una ley que asegure la sostenibilidad financiera del sistema, evitando la dependencia de decisiones coyunturales o proyectos de corto plazo.
La reforma propone herramientas que permitirían a las universidades crecer conforme a las exigencias del país: la apertura de más cupos para jóvenes en todo el territorio nacional, contratación de personal docente en condiciones dignas, ampliación de infraestructura educativa, fortalecimiento de la investigación y actualización de laboratorios y escenarios de práctica. El proyecto es considerado por diferentes actores como una oportunidad única para responder estructuralmente a los desafíos financieros y sociales del sector.
Actualmente, la ausencia de una ley actualizada implica que los fondos para las universidades y otras instituciones oficiales crecen anualmente a un ritmo inferior a los gastos, lo que genera dificultades en la financiación de planes estratégicos, deterioro de infraestructura y limitaciones en investigación.
El ministerio indicó que en dado caso de que el Congreso no apruebe la reforma, las instituciones públicas verán restringidas sus posibilidades de crecimiento y respuesta ante las demandas de la sociedad —esto según alertas de directivos y expertos colombianos, citados por la cartera de Educación—.
La entidad añadió que los movimientos estudiantiles, que históricamente han exigido la transformación del sistema y la concepción de la educación como un derecho real y no condicionado, consideran este proyecto una oportunidad para materializar sus reivindicaciones. De acuerdo con el Gobierno, los estudiantes provenientes de zonas rurales y familias con menores ingresos serían los más afectados si la iniciativa no prospera.
La estructura del nuevo modelo de financiación establece cambios significativos:
- Los aportes a universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y escuelas tecnológicas estatales u oficiales se calcularán según el presupuesto histórico institucional, ajustados anualmente conforme al Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
- Si el incremento del Ices resulta menor que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento de recursos del Presupuesto General de la Nación se ajustará con base en el IPC.
- Se asignarán recursos equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB) calculado por el Dane en el primer año de implementación, orientados a establecer la base presupuestal de instituciones profesionales, técnicas y tecnológicas, incluyendo establecimientos públicos del orden territorial.
- Se destinarán recursos adicionales para el sostenimiento de nuevas sedes y lugares de desarrollo, con el objetivo de ampliar la cobertura de educación superior pública.
Según el documento oficial, la finalidad expresa de los aportes y recursos adicionales será incrementar el acceso, permanencia y graduación de estudiantes, reducir brechas territoriales y sociales, mejorar la calidad educativa, fortalecer el bienestar estudiantil, consolidar las plantas docente y administrativa, asegurar la actualización salarial del personal y financiar proyectos de infraestructura y calidad.
Finalmente, de ser aprobado el proyecto en la plenaria del Senado, la reforma pasará a trámite en la Cámara de Representantes, donde enfrentará dos debates: primero en la Comisión VI y finalmente en plenaria. En caso de que no se requieran conciliaciones, corresponderá la sanción presidencial.