El debate en torno a la Justicia Especial para la Paz (JEP) volvió a ocupar un espacio central en la agenda política luego de que la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia compartiera un extenso análisis crítico sobre las decisiones recientes de este tribunal.
La militante del Centro Democrático calificó como “vergonzosa” la justicia que imparte la JEP, luego de conocerse la sentencia en la que ese órgano reconoció que las Farc secuestraron a más de 21.000 personas durante el conflicto armado.
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En su mensaje publicado en la red social X, Paloma Valencia afirmó que la cifra de secuestros corresponde a investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y sostuvo que estos hechos representaron un beneficio económico cercano a 3,6 billones de pesos para quienes perpetraron los delitos.
“La JEP nos cuenta que las FARC secuestraron a más de 21 mil compatriotas. No es una investigación de la JEP, son las cifras de las investigaciones de la Fiscalía, que también señalan que se ganaron $3,6 billones de pesos con esos crímenes”, escribió Valencia, que puso en discusión la proporcionalidad de las sanciones impuestas a los excomandantes exguerrilleros.
Por su parte, la JEP reconoció que los secuestros fueron crímenes de lesa humanidad y de guerra, pero impone una pena máxima de ocho años de trabajos restaurativos y ninguna privación efectiva de la libertad.
Entre las medidas, dijo, se incluye la participación en procesos de búsqueda de desaparecidos, creación de memoriales y organización de diálogos interculturales.
Tras lo anterior, en palabras de Valencia, “¿eso es proporcional al sufrimiento de 21.396 víctimas, de familias destrozadas por secuestros? Y conservan sus derechos políticos, mientras cualquier colombiano que comete un delito queda excluido de poder hacer política”.
La senadora advirtió que, la JEP solamente responsabilizó a quienes fueron máximos jefes de la antigua guerrilla, como Rodrigo Londoño (Timochenko) y Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo), quienes “son casi los mismos que recibieron curules en el congreso, regaladas. No obtuvieron ningún voto y han sido los votos definitivos para aprobar reformas”.
Valencia sostuvo que la presencia de los exguerrilleros en el poder legislativo otorgó mayorías circunstanciales al actual gobierno.
La senadora también cuestionó el alcance de la verdad judicial proporcionada en el fallo. En su opinión, “esta sentencia, de más de 600 páginas, es un monumento a la impunidad, ¿Dónde está la verdad plena? ¿Los cuerpos de los secuestrados? ¿El dinero del narcotráfico? Nada, solo promesas vacías”.
Para sustentar la diferencia de trato, Valencia comparó estos casos con las investigaciones sobre agentes del Estado involucrados en ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Detalló que “más de 100 generales están imputados en falsos positivos”, cifra que contrasta, según su visión, con “solo siete cabecillas guerrilleros por miles de secuestros”.
“Estos sí con restricciones de libertad. Lo que los ciudadanos no saben es que los militares YA cumplieron cárcel por esos falsos positivos, como debe ser”, enfatizó Valencia.
En cuanto al futuro de miembros de la Fuerza Pública sometidos a la JEP que no reconocen responsabilidad, la senadora explicó que este fue uno de los puntos significativos que impulsó durante la discusión de los acuerdos de paz en el Congreso.
Valencia explicó que en la práctica, la JEP funciona como un tribunal de culpables y prescinde de la presunción de inocencia: “Si usted confiesa queda libre, pero si no confiesa pueden meterlo hasta 20 años a la cárcel”.
Citando ejemplos, la congresista manifestó que “tres coroneles que no aceptaron responsabilidad enfrentan penas de hasta 20 años. Es muy poco probable que esos juicios sean justos. Es un diseño que equipara las fuerzas armadas y los guerrilleros como si todos fueran delincuentes”.
Para finalizar, Paloma Valencia que los miembros de la Fuerza Pública que resulten inocentes deberían contar con un juicio imparcial, sujeto a sus circunstancias particulares, y recordó que en su momento propuso una sala especial para garantizar este derecho, propuesta que no prosperó.
Para la senadora, “lo peor está por venir” si la justicia transicional no logra dar garantías efectivas a todas las partes involucradas en el posconflicto.