El gremio de vigilancia y seguridad privada de Colombia expuso esta semana en Bucaramanga su preocupación por la inestabilidad en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y las demoras en la expedición de permisos de armas.
Los planteamientos fueron presentados durante el Congreso Nacional de Seguridad Privada, encuentro en el que empresarios del sector buscan también dialogar con precandidatos presidenciales sobre el panorama que enfrentan.
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José Saavedra, presidente de ECOS (Empresas Colombianas de Seguridad), señaló a BLU Radio que los cambios permanentes en la dirección de la Superintendencia han dificultado la planeación a largo plazo. “En lo que va del actual gobierno hemos tenido cuatro superintendentes diferentes. Esto impide que existan planes, mesas de trabajo o continuidad en los programas, y genera un cuello de botella enorme para el sector, especialmente en lo relacionado con la compra de armas, que son herramientas esenciales para la labor de protección”, afirmó.
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El dirigente gremial explicó que la falta de continuidad administrativa no solo complica los procesos internos de las compañías, sino que también afecta la seguridad de quienes requieren esquemas de protección. Mencionó que, pese a los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por reforzar medidas a líderes políticos y sociales, las empresas proveedoras de personal se encuentran sin las autorizaciones necesarias para dotar a sus equipos de armamento.
En medio de este escenario, Saavedra hizo referencia a declaraciones pasadas del presidente Gustavo Petro, en las que se vinculaba a empresas de vigilancia con estructuras armadas ilegales. Al respecto manifestó a BLU Radio: “Nada más alejado de la realidad. Nosotros cuidamos colegios, universidades, centros comerciales y ciudadanos de bien. Llevamos más de 60 años prestando un servicio esencial para el país”.
Las cifras del gremio muestran la magnitud de su impacto económico. Actualmente, la seguridad privada genera más de 450 mil empleos directos en Colombia y alcanza ingresos cercanos a los 14,8 billones de pesos anuales. En total, están registradas 927 compañías que prestan sus servicios en áreas estratégicas como el sistema financiero, el sector de hidrocarburos, terminales portuarias y aeroportuarias, además de conjuntos residenciales y centros educativos.
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En el congreso que se desarrolla en Bucaramanga, los representantes de las compañías no solo manifestaron inquietudes, también presentaron propuestas sobre la posible participación en proyectos de infraestructura carcelaria. Una de las ideas planteadas consiste en que las empresas de vigilancia puedan encargarse de la construcción y administración de cárceles para sindicados, con el fin de reducir el hacinamiento que actualmente afecta a estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
Saavedra subrayó que, a pesar de las dificultades, el sector ha demostrado capacidad de adaptación en momentos de crisis. Recordó que durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de covid-19, las compañías de vigilancia continuaron operando sin interrupciones para garantizar la protección en espacios públicos y privados.
“El país sigue creyendo en la seguridad privada. Estuvimos de pie en la pandemia, cuando muchos sectores tuvieron que cerrar, y seguimos aquí, las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo que necesitamos son reglas claras y estabilidad para poder responder a las necesidades de los colombianos”, declaró a BLU Radio.
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Además de los retrasos en los trámites de armas y la rotación en la Superintendencia, los empresarios advirtieron sobre la incertidumbre que generan las reformas que inciden en los costos laborales y las tarifas que aplican en sus contratos. Aseguran que la ausencia de lineamientos estables dificulta la planeación financiera y la sostenibilidad de las compañías, en un contexto en el que los clientes exigen cada vez más servicios especializados y tecnología de apoyo para la seguridad.
Los asistentes al congreso también destacaron la necesidad de mantener un diálogo directo con los precandidatos presidenciales que comienzan a perfilarse en el escenario político. Consideran clave exponerles los retos que enfrenta la seguridad privada y las condiciones que se requieren para consolidar un marco regulatorio más estable.
En los encuentros que se realizan durante el evento, los empresarios buscan generar un consenso en torno a propuestas que garanticen la continuidad del servicio y el fortalecimiento de la institucionalidad. El propósito, según explicaron, es que se reconozca la relevancia de la seguridad privada como un complemento a la seguridad pública, especialmente en escenarios donde la capacidad del Estado resulta limitada.
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