En medio del conflicto armado en Colombia, uno de los casos que ha generado más reacciones a nivel internacional son las ejecuciones extrajudiciales que llevaron a cabo miembros del Ejército Nacional.
Para entender lo registrado, cabe recordar que en el inicio de los 2000 la institución fomentó un modelo de premios para los militares que más presentaran efectivos o bajas de militantes de grupos armados en combate.
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Esto llevo a que algunos soldados, impulsados por sus superiores, llegaran a reunir a jóvenes de todo el país, bajo promesas de trabajos prósperos, para luego asesinarlos y presentarlos como guerrilleros dados de baja.
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Un grupo de madres, que denunciaba la desaparición de sus hijos en el municipio de Soacha, provocó que se investigaran los hechos, lo que terminó con el hallazgo de más de 6.000 casos de esta índole, que fueron nombrados popularmente como “falsos positivos”.
Un fallo del Consejo de Estado dejó en evidencia uno de los casos más atroces de las ejecuciones extrajudiciales, puesto que en este se explicó cómo un grupo de soldados llegó a consolidar una “granja de falsos positivos”.
En resumen, los uniformados tomaron un terreno en el que llevaban a jóvenes que tenían la ilusión de salir adelante, los hacían trabajar extensas jornadas y días más tarde los asesinaban para presentarlos como guerrilleros dados de baja.
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En un informe de Noticias Caracol, se expuso que el modus operandi de los soldados quedó en evidencia luego de que la JEP ordenó al Ejército Nacional a indemnizar a la familia de Víctor Manuel Rangel García, un joven que salió de Cartagena tras prometerle a sus familiares que trabajaría para ofrecerles mejores condiciones de vida.
Rangel viajó desde Bolívar hasta Sucre para trabajar en una finca, pero el 13 de septiembre de 2007 su familia se enteró viendo televisión que el joven aparecía en el listado de guerrilleros abatidos en un combate con la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, comandada en ese entonces por el coronel Luis Fernando Borja.
“Mi coronel Borja era diferente. Mi coronel Borja desde el momento en que llegó, que yo me reuní con él, dijo: «Toca dar una o dos bajas, toca darlas como sea. Toca buscar la gente, aquí hay mucha gente necesitada»“, declaró ante la JEP el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona.
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Otros militares que comparecieron ante la JEP corroboraron las versiones sobre el accionar que tenía Borja, asegurando que cuando se expuso la realidad sobre las ejecuciones, consideraban que 6.000 era una cifra pequeña.
La defensa de la familia Rangel, que recolectó diferentes declaraciones sobre “falsos positivos”, evidenció que había una tendencia sobre un lugar en específico, que fue la sede de la “granja” en la que reunían grandes grupos de jóvenes para presentar números constantes de efectivos.
“Este caso reveló una práctica monstruosa de jóvenes que eran llevados a una finca, explotados en trabajos agrícolas y luego asesinados para ser presentados como resultados operacionales”, afirmó el abogado Javier Villegas al medio citado.
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En una de las versiones más crudas sobre lo registrado, el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona, subcomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, indicó que mantenían grupos de entre 10 y 15 personas trabajando, de los cuales retiraban grupos pequeños de manera constante para presentarlos como guerrillero.
“Más adelante mi coronel, con el tiempo, reclutó como 15 personas y las metió en una finca a trabajar; y de esa finca… pues… yo nunca tuve conocimiento, solamente sé que él lo hizo, sacaba uno o de a dos e iba y daba esos resultados, hasta que básicamente llevó más de 57 bajas, creo”, indicó el militar retirado.