El Ministerio de Educación avanza en una etapa de indagación y recolección de pruebas sobre la Fundación de Educación Superior San José por posibles irregularidades en la entrega de títulos universitarios.
El caso se centra en Juliana Guerrero, quien recibió un diploma sin cumplir los requisitos legales, y cuyo nombramiento como Viceministra de Juventud aún no está definido.
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La cartera gubernamental calificó como falta grave la entrega del título a Guerrero sin que hubiera presentado las pruebas Saber Pro, requisito indispensable para graduarse, hecho que la propia Fundación San José reconoció.
El representante legal de la institución anunció la convocatoria de una asamblea de la junta directiva para determinar la responsabilidad en la expedición del diploma sin verificar la realización de los exámenes.
Las universidades deben reportar la información de sus estudiantes al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio, donde Guerrero figuraba, aunque los datos presentaban incongruencias, según citó Caracol Radio.
Tras la inspección y vigilancia, el Ministerio de Educación tomará las decisiones pertinentes una vez reciba el informe de los técnicos que visitan la institución.
Crece la polémica por títulos rápidos en Fundación San José tras denuncias de congresista
El notable incremento en los ingresos de la Fundación de Educación Superior San José y la proliferación de convenios estatales han puesto bajo la lupa la transparencia de sus procesos académicos, especialmente tras la aparición de múltiples casos de diplomas expedidos en plazos inusualmente breves.
Un informe reciente reveló que, en 2021, la institución triplicó sus ingresos respecto al año anterior, alcanzando 29.533 millones de pesos, impulsada por el auge de matrículas y la oferta de programas acelerados y homologaciones.
Este crecimiento coincidió con la suscripción de contratos estatales por más de 1.392 millones de pesos entre 2018 y 2021, y la firma de dos megaconvenios con la Gobernación del Magdalena por un total de 26.285 millones de pesos a partir de 2022, además de acuerdos adicionales con entidades públicas en Boyacá, Risaralda, Soacha y Cundinamarca que superan los 3.899 millones de pesos, según datos revisados por el diario nacional en la plataforma Secop y la Secretaría de Transparencia.
La controversia se intensificó tras la designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad, quien recientemente incorporó a su hoja de vida un título profesional otorgado por la Fundación San José.
Su nombramiento fue celebrado en El Copey, Cesar, con el respaldo del presidente Gustavo Petro y autoridades locales. Sin embargo, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que el diploma de Guerrero habría sido expedido de manera exprés, lo que motivó la presentación de acciones legales por presunta falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal.
La investigación de Jennifer Pedraza se profundizó al recibir información sobre la facilidad para obtener títulos en la Fundación San José.
En una llamada telefónica, una asesora de admisiones le ofreció la posibilidad de homologar una tecnología y obtener un título profesional en contaduría en solo diez meses, siempre que pagara un seminario y presentara los exámenes de Estado requeridos.
Al consultar la base de datos del Icfes, Pedraza descubrió que a Juliana Guerrero se le expidió el diploma sin haber presentado la prueba Saber Pro, requisito legal para graduarse. Posteriormente, apareció un registro de examen con fecha posterior a la expedición del título, lo que, según la congresista, contraviene la normativa vigente.
Las denuncias no se limitaron al caso de Guerrero. Otros contratistas estatales relataron experiencias similares de obtención rápida de diplomas. Al verificar estos casos, Pedraza identificó el mismo patrón: títulos expedidos sin la presentación previa del Saber Pro.
Con estos hallazgos, la representante formuló la hipótesis de que podría existir un intercambio de favores entre el Gobierno y ciertas instituciones educativas, donde la entrega de diplomas acelerados estaría vinculada a la adjudicación de contratos oficiales.