El proceso judicial que involucra a doce militares del Batallón de Artillería número dos La Popa ha marcado un precedente en la búsqueda de justicia y reparación en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó una sentencia que no solo reconoce la magnitud de los crímenes cometidos, sino que también establece un modelo de sanción orientado a la restauración y la memoria colectiva.
En este caso, los uniformados retirados recibieron penas de entre cinco y ocho años, siendo la primera de cinco sentencias previstas dentro del caso 03, que investiga los denominados falsos positivos en varias regiones del país.
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La investigación del tribunal especial determinó que entre 2002 y 2005, cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados de La Popa participaron en el asesinato de 135 civiles en los departamentos de Cesar y La Guajira. Estos crímenes, según el tribunal, respondieron a patrones macrocriminales.
El fallo ha sido ampliamente criticado de parte de figuras políticas de la derecha, especialmente, de miembros del Centro Democrático, colectividad liderada naturalmente por el expresidente Álvaro Uribe, que gobernó el país en los años en que, según la JEP sucedieron los hechos investigados.
El representante a la Cámara Jose Jaime Usactegui se pronunció al respecto con un video difundido a través de sus redes sociales en el que cuestionó el fallo emitido en contra de miembros retirados de la fuerza pública y, al mismo tiempo, lo comparó con el conocido en contra de ocho integrantes del último secretariado de las extintas Farc.
Par Uscategui, el tratamiento del tribunal con los procesados en cada caso fue selectivo, dado que los exguerrilleros recibieron la noticia gozando de los beneficios que les fueron otorgados luego de la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y el grupo al margen de la ley que mantuvo un conflicto armado por cerca de cinco décadas con las Fuerzas Militares.
En paralelo, el congresista fue enfático en que los exmiembros de las instituciones militares no podrán rehacer su vida luego de las sentencias, dado que cargaran hasta el final de sus días con el estigma del que fueron objeto luego de reconocer los crímenes que cometieron durante el desarrollo del conflicto armado en el país.
“Esta semana se conocen los dos primeros fallos de la JEP frente a las Farc y frente a la fuerza pública. La diferencia es que el secretariado de las Farc recibe la noticia plácidamente en una oficina del Congreso, recibiendo sueldos millonarios, con esquemas de seguridad, con su patrimonio ilícito intacto, mientras que a los integrantes de la fuerza pública, que seguramente cometieron un delito y lo están reconociendo, son personas a las que le acabaron su vida, su carrera, no tienen una oportunidad laboral después de haber sido condenados, ni proyectos productivos, ni acompañamiento del Estado”, explicó el representante, que es férreo defensor de los uniformados en el país.
En este sentido, Uscategui se refirió también a la percepción de las víctimas de la extinta guerrilla frente a la divulgación de las primeras penas proferidas por la justicia transicional. Según el congresista, los fallo no van más allá de medidas simbólicas que no satisfacen ni reparan el daño cometido por los miembros de las extintas Farc.
Por otro lado, fue enfático en que las penas, en lugar de reducir el dolor de los que padecieron en carne propia los horrores del conflicto, solo sirven para seguir profundizando la impunidad que, desde su sector político, advirtieron desde la creación del tribunal en 2016.
“No es un buen día para las víctimas de la violencia en Colombia, porque medidas simbólicas y penas simbólicas como esa, pues siguen alimentando el crimen y la impunidad en Colombia”, sentenció el legislador.