Cientos de documentos oficiales y reservados de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Fiscalía General de la Nación, algunos de uso exclusivo y vinculados a bienes incautados al narcotráfico, fueron hallados en una vivienda asociada a la mafia en el área metropolitana de Medellín.
El hallazgo, revelado por el presidente Gustavo Petro y confirmado por fuentes judiciales a la revista Cambio, expondría una posible filtración de información sensible y abrió un nuevo capítulo en la investigación sobre corrupción en la administración de activos decomisados al crimen organizado en Colombia.
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La operación se realizó el viernes 29 de agosto, cuando funcionarios de la SAE y la Policía Nacional acudieron a una casa en el sector Suramericana, en el límite entre La Estrella e Itagüí, para ejecutar un desalojo.
Durante la diligencia, Enrique León Machado Ramírez, de 63 años, fue detenido en flagrancia tras intentar obstaculizar el procedimiento. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por el diario nacional, Machado Ramírez presentó documentos con logotipos institucionales de la SAE, presuntamente utilizados para engañar a la ciudadanía y facilitar la venta ilícita de predios.
El procedimiento contó con el acompañamiento de la estación de Policía de Itagüí y el detenido fue trasladado a la URI. Sin embargo, horas después recuperó la libertad, ya que la Fiscalía no encontró pruebas suficientes para imputarle cargos en ese momento.
La vivienda donde se realizó el operativo tiene un historial directamente ligado al crimen organizado. Antes de pasar a manos de la SAE, el inmueble pertenecía a Luisa Fernanda Muñoz, excompañera sentimental de Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico, excabecilla financiero de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.
Alias Plástico fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2022 por liderar esquemas de narcotráfico y lavado de activos. El expediente de extinción de dominio indica que la casa formaba parte de un proceso contra 11 personas acusadas de blanquear más de 106.000 millones de pesos, y que la propiedad, avaluada en unos 600 millones de pesos, llevaba seis años en “ocupación irregular”, sin que la SAE hubiera tomado posesión formal, lo que permitió que siguiera bajo control de la mafia.
Las irregularidades en el manejo de los bienes incautados no son nuevas. Investigaciones previas ya habían advertido sobre problemas en la gestión de estos activos.
En octubre de 2022, una denuncia titulada “Nadie SAE: ¿Dónde están los bienes de la mafia?”, publicada por el diario nacional, expuso el presunto manejo caótico de estos bienes, con arriendos irrisorios, monopolio de depositarios y contratos de larga duración, sin claridad sobre el destino de muchos inmuebles.
En diciembre de 2023, otra publicación de Cambio reveló que propiedades decomisadas se entregaban irregularmente a cambio de sobornos, supuestamente cobrados a nombre del presidente de la SAE, Daniel Rojas, y de Juan Fernando Petro, con la participación de una política antioqueña y la Inmobiliaria Santo Domingo.
En el caso actual, la magnitud de la filtración quedó en evidencia al revisar el contenido de las cajas encontradas en la vivienda. Según la información obtenida por Cambio, se incautaron 284 certificados de tradición y libertad, más de 18.000 registros de inmuebles de la base de datos oficial, escrituras públicas, 195 facturas de impuesto predial, listados de 65 personas naturales y jurídicas, 95 contratos de arrendamiento, poderes autenticados y correos electrónicos con funcionarios de la SAE.
Además, se hallaron resoluciones judiciales y notificaciones con membretes institucionales, lo que confirmaría que parte de los documentos eran piezas activas de expedientes en curso y no simples copias.
Entre los archivos incautados figuraban matrículas inmobiliarias de bienes relacionados con reconocidos narcotraficantes. Destaca la documentación sobre Ever Veloza García, alias HH, exjefe paramilitar de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), condenado en el proceso de Justicia y Paz y extraditado a Estados Unidos en 2009.
Un acta de secuestro complementaria sobre un bien de alias HH, con once folios, incluía la advertencia de que la información era de uso exclusivo de la Fiscalía y que ninguna persona ajena al proceso de extinción de dominio debía tener acceso a ella, según consta en la denuncia presentada por la SAE.
El material también contenía listados de sociedades con bienes en procesos de extinción de dominio, como Franzul S.A., Grupo Falcón S.A., Ases de Competencia S.A. y Agroespinal S.A., cada una con múltiples folios de matrícula inmobiliaria. En el caso de Agroespinal S.A. en liquidación y Ases de Competencia y Cía. S.A., la Fiscalía había autorizado la enajenación temprana de más de una decena de inmuebles, información que no se encuentra en fuentes abiertas y que confirma el carácter reservado de los documentos.
Entre las carpetas apareció además una declaración de Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, piloto comercial que trabajó para el Cartel de Medellín y luego para el Cartel del Norte del Valle.
En su testimonio ante la Fiscalía en 2011, Bermúdez Suaza detalló operaciones de tráfico de cocaína desde Venezuela hacia Europa y Centroamérica, coordinadas con un grupo conocido como Los Gorditos. Mencionó a varios socios y operadores, entre ellos Luis Escobar, alias Curramba; Olmedo Gómez Cruz, señalado como lavador de activos; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, exjefe paramilitar; y Mónica María Castro, esposa de Gómez, a quien identificó como participante en reuniones y negocios ilícitos. También citó a Diego Aristizábal, Luis Bernardo Mejía, un hombre apodado Scooby y Andrés Felipe Caicedo, todos vinculados a la logística y coordinación de cargamentos.
El presidente Gustavo Petro, al anunciar el caso, calificó el hallazgo como una prueba de la existencia de una “SAE alterna”, donde políticos y narcos se beneficiarían de bienes que nunca llegan al control del Estado.
“Son testaferros de políticos con grandes cuotas de bienes de la SAE que intermedian con otros políticos y narcos”, afirmó Petro. Por su parte, el exsenador Juan Diego Gómez negó cualquier relación con Enrique León Machado Ramírez, el hombre detenido en la vivienda.
Fuentes judiciales consultadas por Cambio destacaron que, hasta el momento, no existe evidencia de que los documentos sean falsos ni de que pertenezcan al capturado, lo que llevó a la Fiscalía a abstenerse de imputar cargos.
Sin embargo, confirmaron que los documentos son originales y de uso exclusivo de la SAE, por lo que quedaron bajo custodia de la Fiscalía para avanzar en la investigación. El volumen y la naturaleza de los archivos incautados sugieren una filtración de alto impacto, con capacidad de afectar expedientes sobre bienes estratégicos ligados al narcotráfico y al paramilitarismo.