La radicación del escrito de acusación contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, generó una fuerte reacción del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.
El mandatario expresó su satisfacción por el avance del proceso judicial y afirmó que mantiene la esperanza de que los responsables de las presuntas irregularidades en la entrega del lote Aguas Vivas enfrenten consecuencias penales.
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“A Medellín se lo robaron y yo veo con buenos ojos como alcalde y como ciudadano y el municipio y el distrito que ha sido reconocido como víctima en este proceso, cómo viene avanzando justamente un proceso como esto ya con escrito de acusación y entra en fase de juicio, estas personas tienen que ir a la cárcel”, afirmó Gutiérrez, en declaraciones citadas por medios de comunicación. Y enfatizó la gravedad de los hechos y la importancia de que la justicia actúe.
“Estas personas deben responder, incluso con su patrimonio. Hoy se pasean por el país, pero lo que corresponde es que enfrenten las consecuencias legales”, agregó a medios de comunicación.
El proceso judicial, que ahora entra en la fase de juicio, involucra a Daniel Quintero y a otras 12 personas, entre exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y particulares.
La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación por presuntas irregularidades en la entrega del lote Aguas Vivas, señalando delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Entre los exfuncionarios procesados figuran Ingrid Vanessa González Montoya, Yina Marcela Pedroza Gómez, Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Sergio Andrés López Muñoz, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Carolina Arango Gil, Leidy Jiménez Echavarría y Fabio Andrés Trujillo García Trujillo.
Los particulares implicados son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, que figuran como tenedores del predio objeto de la investigación.
El caso
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron entre febrero de 2020 y mayo de 2023. Durante este periodo, los exfuncionarios habrían intentado modificar de manera irregular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para favorecer económicamente a los particulares vinculados al caso.
El mecanismo, según el ente acusador, consistió en cambiar la cesión gratuita del lote Aguas Vivas por una compraventa, lo que habría permitido pagar a los particulares más de $40.500 millones, equivalentes al valor del terreno.
Tras el fracaso de este trámite, la Fiscalía sostiene que Quintero y el entonces secretario General, Fabio Andrés Trujillo García Trujillo, habrían expedido actos administrativos irregulares para aumentar el avalúo del lote, entregarlo a los particulares y autorizar actividades urbanísticas prohibidas por el POT.
El impacto político e institucional del caso también fue resaltado por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, que sostuvo que las irregularidades detectadas no constituyen hechos aislados, sino que responderían a un modelo sistemático de favorecimiento de intereses particulares.
De Bedout afirmó que “el daño no solo es jurídico, sino político e institucional, se debilitó la confianza ciudadana, se degradó la administración pública y se hipotecó el futuro de la ciudad en manos de un grupo que confundió lo público con lo propio”.
El concejal también señaló que, en su opinión, el número de personas imputadas que trabajaron con Quintero en la alcaldía asciende a 43.
Por su parte, Daniel Quintero respondió a las acusaciones a través de su cuenta de X, donde calificó el proceso como un montaje judicial en su contra. “Se acabó la etapa de imputación en Aguas Vivas. Llegó la hora de mostrar las pruebas. Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia”, aseveró Quintero.