El asesinato del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro durante un ataque armado en El Carmelo, zona rural del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, motivó que el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, lo calificara como una “pérdida irreparable” y afirmara que “este crimen no quedará impune”.
A través de sus redes sociales, el funcionario expresó el rechazo absoluto del Ejecutivo ante el ataque terrorista contra la subestación policial, solidarizándose de manera abierta con la familia del patrullero y con todos los integrantes de la Policía Nacional.
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Según el mensaje de Sánchez, la agresión fue condenada y rechazada “con la mayor contundencia”, dejando en claro el compromiso institucional con las víctimas. “Honramos la memoria del patrullero Rodríguez Navarro, un héroe por siempre que ofrendó su vida protegiendo a Colombia. No están solos: el Estado está con ustedes”, enfatizó el ministro en una declaración pública, subrayando el papel de la Fuerza Pública en la protección de los derechos y la seguridad de la población.
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El ministro también informó que la Fuerza Pública y las agencias de inteligencia han intensificado la búsqueda de los responsables, asegurando que la prioridad oficial es dar con su paradero y llevarlos ante la justicia. “Activamos capacidades especiales para capturar a los autores y llevarlos ante la justicia. No habrá refugio para estos asesinos”, advirtió Sánchez, al tiempo que ratificó la misión institucional de proteger la vida y la libertad de todos los colombianos.
El funcionario concluyó el mensaje oficial reiterando que el asesinato del patrullero Rodríguez Navarro será perseguido judicialmente y que los responsables serán llevados ante la justicia, reforzando la promesa de que “no habrá refugio para estos asesinos”.
Sobre el ataque
El atentado ocurrió cuando integrantes de las disidencias de las FARC llevaron a cabo una incursión armada contra la subestación del corregimiento de El Carmelo, acción que provocó la muerte de Rodríguez Navarro, patrullero con catorce años en la institución y más de un año de servicio en la región. El ataque se extendió por varias horas y también dejó cuatro uniformados lesionados, además de pérdidas materiales graves en la infraestructura de la estación y en la casa cural local.
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Durante el hostigamiento, los agresores utilizaron fusiles y explosivos, generando miedo entre la comunidad, que debió refugiarse para proteger su integridad. El ministro Pedro Arnulfo Sánchez se refirió al valor del uniformado asesinado, destacando su entrega y su compromiso profesional. También insistió en que el Estado acompañará a los familiares de la víctima y a los miembros de la fuerza pública afectados, afirmando.
Fuentes policiales indicaron que, pese a la intensidad del ataque, los uniformados resistieron más de 45 minutos hasta la llegada de los refuerzos, mientras los habitantes de la zona lanzaban llamados de ayuda frente al peligro latente.
De acuerdo con las investigaciones, la autoría del ataque se atribuye al frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco. La ofensiva, además de afectar a los agentes de la Policía, habría recurrido a la utilización de la población civil como escudo para dificultar el ingreso de refuerzos y prolongar el asedio.
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El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, también manifestó su rechazo absoluto, alineándose con las disposiciones del Ministerio de Defensa y prometiendo el despliegue de todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal hasta ubicar a los responsables de los hechos.
La Tercera División del Ejército Nacional informó que fue necesario el desplazamiento inmediato de tropas de la Brigada 29 y el uso de aeronaves artilladas para recuperar el control del área y restablecer el orden público. Las investigaciones se centran en las disidencias de las FARC, aunque el departamento continúa bajo presión de otros grupos como el ELN y la Segunda Marquetalia, que, según las autoridades, se disputan el control de economías ilegales vinculadas al narcotráfico y afectan la seguridad regional.