Un contrato firmado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para la adquisición de pistolas taser fu objeto de controversia debido a un presunto sobrecosto que supera ampliamente el valor de mercado de estos dispositivos. Según la denuncia presentada por el concejal Julián Espinosa Ortiz, de la Alianza Verde, la entidad pagó $26 millones por cada pistola, cuando el precio comercial ronda los $1,3 millones, lo que representa una diferencia de $24,7 millones por unidad.
La adquisición de estos dispositivos fue autorizada por Cesar Restrepo, secretario de seguridad del distrito, por medio del contrato número 2056 de 2025 con la empresa NEWSAT S.A.S., cuyo representante legal es Juan Carlos Gómez Londoño. El acuerdo, que contempla la compra de cuatro dispositivos electrónicos paralizantes, tiene un valor total de $140,2 millones (incluyendo IVA) y un plazo de ejecución de tres meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.
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Ante la polémica, la propia entidad distrital salió a defenderse por medio de sus canales digitales con un video en el que Restrepo explicó los detalles del proceso de adjudicación del contrato. Sin embargo, sus declaraciones, lejos de aclarar la controversia, sacaron a la luz los millonarios sobrecostos que la Administración reportó para este fin.
En la grabación, el funcionario distrital explicó que los dispositivos fueron solitados por Migración Colombia por medio de una ficha técnica con los requerimientos para su adquisición, por lo que se envió la invitación a cerca de 470 invitaciones a participar de la licitación por medio del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), de las cuales solo tres de estas fueron contestadas.
De acuerdo con la explicación de Restrepo de las tres cotizaciones que recibió la entidad para la adquisición de los dispositivos, una no cumplía con los requerimientos exigidos por Migración Colombia para la provisión de estos dispositivos que son fundamentales para la aprehensión de ciudadanos por parte de las autoridades.
“Al inicio del proceso, después de que Migración Colombia entrega una ficha técnica solicitando la provisión de cuatro de estos dispositivos, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia entrega al mercado una invitación para cotizar estos dispositivos a 470 proveedores inscritos en el Secop. De esas 470 invitaciones, tres fueron contestadas y de esas tres cotizaciones, una no cumplía con las especificaciones exigidas por Migración Colombia para la provisión de estos instrumentos”, explicó el secretario.
En la misma línea, detalló que, con las dos cotizaciones que cumplian con la totalidad de los requisitos, se tomó un valor de referencia de los dispositivos de $26 millones para iniciar una subasta inversa, la cual termina siendo recibida por un único oferente que cumplió, además de los requerimientos de la entidad que solicitó los dispositivos, con la Ley de Contratación Administrativa.
Producto de este proceso de subasta interna, Restrepo explicó que el valor final con el que fueron adquiridas las pistolas taser fue de $24,6 millones, por lo que desestimo la denuncia del cabildante que alertó de los sobrecostos en la adquisición de los dispositivos.
En su exposición, el funcionario señaló que el valor que el concejal Espinosa reseñó como valor de compra fue el costo de referencia que la Administración distrital empleó para la búsqueda de una mejor oferta. Sumado esto, argumentó que en el pasado, otras entidades han realizado compras por los mismos dispositivos con un valor similar al pagado en el contrato que cuestiona el cabildante.
“Los $26 millones que señala el concejal Espinosa fueron tan solo el valor de mercado a partir de las cotizaciones que se pidieron en el marco del procedimiento administrativo a quienes en el mercado están ofreciendo esos materiales. A partir de eso, también se hicieron otras verificaciones. Por ejemplo, en el año 2023, en un proceso para la Policía de Cundinamarca, se compraron 25 tasers a un valor de mercado hoy aproximado de $25,6 millones de pesos”, detalló Restrepo.
Bajo este argumento, aseveró que la Administración distrital solo tuvo participación en el proceso de adjudicación del contrato bajo los requerimientos de Migración Colombia, por lo que el valor en el que se consideran posibles sobrecostos corresponde a los requisitos establecidos por la entidad nacional sobre los dispositivos.
No obstante, concluyó que desde la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, cuentan con la disposición para atender las solicitudes de los organismos de control en relación con el contrato.
“Reiteramos nuestra disposición permanente a recibir los organismos de control, a tener su acompañamiento y adicionalmente a escuchar de parte de la ciudadanía y del Concejo de la ciudad cualquier comentario, cualquier alerta, cualquier colaboración que nos permita ser eficientes, efectivos y transparentes”, finalizó.