La Secretaría de Movilidad de Bogotá quedó en el centro de un debate público tras conocerse cuestionamientos sobre un contrato que, según denuncias, ascendería a más de 4.600 millones de pesos.
El edil de Usaquén, Michael González, expresó que la contratación tendría como propósito promover la cultura ciudadana, pero incluiría compras de elementos como sombrillas, esferos y pocillos, lo que generó fuertes reparos.
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La controversia fue expuesta inicialmente en redes sociales por González y el concejal Daniel Briceño, quienes coincidieron en que se trataría de un uso cuestionable de los recursos públicos.
El edil amplió sus críticas en diálogo con W Sin Carreta de la W Radio, donde detalló que el proceso contractual estaría en curso de adjudicación. González recalcó que no comprende cómo los objetos mencionados aportarían a mejorar la cultura ciudadana en la capital. En palabras del propio dirigente local: “¿Cómo una sombrilla o un mug puede mejorar la cultura de la ciudadanía? Mientras la ciudad está llena de huecos”.
El señalamiento se produce en un contexto en el que la administración distrital adelanta un proyecto de reforma tributaria, argumentando dificultades de liquidez.
En esa línea, González planteó un contraste entre la propuesta fiscal y el contrato en discusión. Según sus declaraciones: “mientras la Alcaldía de Bogotá presenta ante el Concejo un proyecto de reforma tributaria argumentando que no hay ‘plata’, se gastan más de 4.600 millones de pesos en sombrillas, esferos y pocillos”, dijo en la W Radio.
La denuncia ha generado eco en la discusión política local. Briceño y González, quienes divulgaron la información el pasado 6 de septiembre a través de sus plataformas digitales, subrayaron la necesidad de revisar con lupa los objetivos y la pertinencia del contrato. Para ambos dirigentes, resulta necesario establecer con precisión cómo se justifican las adquisiciones dentro del propósito de transformar comportamientos ciudadanos.
El contrato, de acuerdo con los detalles que circulan públicamente, estaría diseñado para ejecutar campañas y estrategias en torno a la cultura vial.
En el documento se incluyen actividades pedagógicas, pero también la adquisición de elementos promocionales, lo que encendió la polémica. La preocupación de González se centra en la proporción del gasto destinado a objetos físicos frente a otras posibles alternativas de impacto.
Desde distintos sectores se ha planteado que, aunque los programas de cultura ciudadana son relevantes para mejorar la movilidad y el respeto por las normas de tránsito, las herramientas utilizadas para transmitir esos mensajes deben ser pertinentes. La discusión ahora se orienta hacia la efectividad real de incluir artículos como los señalados dentro de una política pública.
El monto involucrado, superior a los 4.600 millones de pesos, representa para los críticos un presupuesto considerable en un momento en el que la ciudad enfrenta necesidades en infraestructura vial y movilidad. La referencia de González a los huecos en las calles hace parte de un argumento recurrente en la discusión sobre prioridades de inversión.
El debate también coincide con un escenario en el que los ciudadanos han mostrado creciente interés en la vigilancia del gasto público. P
lataformas digitales y espacios de control ciudadano se han convertido en canales donde líderes locales exponen hallazgos que posteriormente alcanzan mayor difusión en medios nacionales. En este caso, el uso de redes sociales por parte de Briceño y González fue el punto de partida de una controversia que ya traspasó el ámbito distrital.
De momento, el señalamiento de que el contrato busca “mejorar la cultura ciudadana” sin detallar con precisión los mecanismos de impacto directo, se mantiene como el eje de la crítica. El debate abierto por González y recogido por W Sin Carreta ha llevado a que diferentes voces pidan mayor transparencia en la justificación de este tipo de adquisiciones.