Risaralda enfrenta una nueva controversia por el manejo de recursos públicos, pues un proyecto de vivienda en el municipio de Pueblo Rico, que debía beneficiar a 18 familias en situación de vulnerabilidad, terminó en demolición, sin resultados visibles y con una fuerte denuncia por parte de la representante a la Cámara Carolina Giraldo Botero, perteneciente a Alianza Verde, que alertó que más de $1.359 millones entregados en calidad de anticipo siguen sin destino claro.
La congresista reveló lo que calificó como un grave caso de “negligencia” y posible “corrupción”, luego de que un contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías fracasara de manera estrepitosa. El proyecto en cuestión tenía como objetivo levantar nuevas viviendas, pero tras varios meses de ejecución, solo se levantaron cuatro estructuras que, por sus fallas técnicas, terminaron derribadas.
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El contrato, firmado el 26 de octubre de 2023 entre el Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social (Fonpacífico) y la empresa Ingeniería y Proyectos Sostenibles S.A.S. (Inprosos), estipulaba la construcción de viviendas por un valor total superior a los $2.718 millones; la empresa recibió un anticipo del 50%, lo que representó una transferencia directa de $1.359 millones de fondos públicos.
A pesar de la significativa inversión inicial, el avance real del proyecto fue mínimo. Cuatro viviendas fueron parcialmente construidas, pero nunca se entregaron a sus supuestos beneficiarios y las condiciones estructurales obligaron al Departamento Nacional de Planeación (DNP) a ordenar su demolición antes de cualquier ocupación.
De acuerdo con la legisladora Giraldo, el proyecto presentó múltiples anomalías desde su arranque. En primer lugar, la contratista habría comenzado obras sin contar con las licencias requeridas por ley, además, los materiales usados no cumplían con los estándares mínimos de calidad, y los diseños técnicos originalmente pactados no fueron respetados.
En un video compartido en sus redes sociales, la representante expresó: “Se violaron normas básicas de contratación pública. Las obras arrancaron sin licencias ni estudios aprobados. Lo construido no solamente fue insuficiente, sino que también fue peligroso. El DNP ordenó demoler esas casas porque ni siquiera cumplían con la normatividad mínima. Las familias que esperaban su vivienda no solo se quedaron sin hogar, también se quedaron sin respuestas”.
Otro aspecto que genera preocupación es el relacionado con la póliza de estabilidad de obra. Giraldo señaló que la empresa recibió el anticipo sin cumplir con los requisitos técnicos exigidos para garantizar el respaldo del proyecto. A esto se suma la falta de claridad en la selección de beneficiarios, ya que ni el DNP ni el municipio de Pueblo Rico entregaron información verificable sobre el proceso.
“No hay un listado oficial de beneficiarios, no hay un criterio transparente de selección, y mucho menos un seguimiento técnico de la obra. Es decir, no hay evidencia de que el proyecto haya sido planificado con rigor. Las casas que se construyeron no tenían destinatarios definidos. Todo esto demuestra un profundo desorden y posibles intereses ocultos detrás del contrato”, afirmó la congresista del Partido Verde.
¿Dónde están los recursos?
El contrato fue declarado en incumplimiento en enero de 2025. Hasta ese momento, ni la empresa contratista ni la aseguradora habían devuelto los recursos girados como anticipo, por lo que la representante Giraldo cuestionó la falta de respuestas por parte de las entidades encargadas de hacer seguimiento al contrato.
“La pregunta es muy clara. ¿Devolvió la empresa los $1.359 millones? ¿Respondió la aseguradora por ese dinero? Si ninguna de las dos lo ha hecho, estamos ante un escándalo que debe investigarse a fondo. Ese dinero era para viviendas, no para desaparecer sin que nadie asuma responsabilidades”, sentenció.
Giraldo también criticó el modelo de contratación utilizado, al que se refirió como un “mecanismo opaco”, puesto que el contrato fue asignado por invitación privada a través de Fonpacífico, una figura jurídica que, según la congresista, permite que los recursos públicos se manejen sin los controles exigidos en el estatuto general de Contratación Pública.
“Este tipo de fondos mixtos se prestan para prácticas oscuras. Funcionan como contrataderos donde la transparencia brilla por su ausencia. Por eso es tan difícil hacer veeduría ciudadana. Estamos ante un esquema que facilita la corrupción y que ha dejado huellas concretas en Pueblo Rico”, sentenció Giraldo.
Acciones legales y propuesta legislativa
Carolina Giraldo aseguró que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de los entes de control. También anunció que impulsará una reforma legal para eliminar la posibilidad de contratar mediante figuras como Fonpacífico, que a su juicio permiten burlar los principios de publicidad, mérito y legalidad.
“La plata pública es sagrada. No puede terminar en los bolsillos de empresas que incumplen y después se hacen las desentendidas. Vamos a luchar para que estos mecanismos desaparezcan y para que los responsables enfrenten consecuencias. Las familias afectadas merecen una respuesta real y, sobre todo, justicia”, reveló.
Junto con el representante Cristian Avendaño, Giraldo promueve un proyecto de ley que buscará cerrar la puerta a estos modelos de contratación, al tiempo que fortalece la vigilancia sobre los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
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