Las escuelas en Colombia continúan enfrentando riesgos derivados del conflicto armado interno.
Durante el primer semestre de 2025, organizaciones internacionales reportaron que los ataques directos, el uso militar y las amenazas a las instalaciones educativas no han cesado.
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Unicef Colombia resaltó en conmemoración del Día Internacional para proteger a la educación de ataques que, en promedio, cada seis días una escuela fue atacada o empleada con fines militares en 2024.
La situación se agravó en 2025, con registros de ataques cada tres días, lo que profundiza los desafíos para garantizar entornos seguros donde los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos fundamentales y desarrollar su potencial.
Incremento sostenido de ataques y uso militar
Entre 2020 y 2024, Naciones Unidas verificó 152 incidentes de ataques o uso militar de escuelas. Entre las violaciones documentadas destacan amenazas, daños a la infraestructura, colocación de artefactos explosivos, y ataques directos contra profesores.
El uso militar se refiere a la ocupación de las instalaciones educativas como escondites, almacenes de armas, refugios temporales o para la realización de actividades ajenas a la vida escolar.
2024 dejó la cifra más elevada desde que se llevan estos registros: 27 escuelas atacadas y 35 ocupadas para fines militares, según la ONU. Aproximadamente 7.024 estudiantes y docentes se vieron afectados.
Las escuelas no solo sufrieron daños físicos, también interrupciones prolongadas en las clases y el desarraigo de las comunidades educativas, que muchas veces temen regresar o deben desplazarse.
Departamentos más afectados y vulnerabilidad de la infancia
Estos ataques se concentraron en seis de los 32 departamentos del país, según Unicef y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). Entre enero y junio de 2025, el NRC reportó 523 ataques contra la educación, cifra que implica un promedio de un incidente cada tres días en los territorios estudiados.
De las personas afectadas directamente, 8.752 eran niños y niñas, 499 docentes y 185 trabajadores escolares. Si bien se contabilizaron menos ataques que en años anteriores, la concentración y gravedad de los hechos elevó el número de víctimas.
La mayoría de los ataques recientes se produjeron dentro de las instalaciones educativas (61%), mientras que el 39% ocurrieron en los caminos hacia las escuelas, lo cual evidencia una mayor vulnerabilidad tanto en los planteles como en las rutas escolares.
Este patrón revela un descenso en el respeto al carácter civil de las escuelas por parte de actores armados y profundiza la crisis humanitaria para estudiantes y comunidades.
Diversidad de actores involucrados
Las investigaciones de la ONU atribuyeron en 2024 a disidencias de las Farc-EP (incluido el Estado Mayor Central y Comandos de la Frontera) 17 de los 42 ataques contra infraestructuras educativas y de salud.
Otros incidentes se vincularon al Clan del Golfo, el ELN, las Fuerzas Militares y grupos no identificados. El uso militar de escuelas incluyó 14 casos realizados por disidencias de las Farc-EP, cinco por el Clan del Golfo, cuatro por el ELN, tres por la fuerza pública y nueve atribuidos a actores indeterminados.
Tras los desalojos, las huellas del conflicto persisten en la suspensión de clases, pérdida de jornadas escolares y miedo permanente en la comunidad educativa.
Impactos sobre los derechos y las comunidades
El impacto de estos ataques es multidimensional: se vulnera el derecho a la educación, la salud, la alimentación y la seguridad. Además, se documentaron casos de reclutamiento forzado, homicidios, violencia sexual, secuestros y restricciones al acceso humanitario.
El cierre temporal o definitivo de escuelas, la destrucción de infraestructura, el desplazamiento forzado y la desarticulación de redes de apoyo afectan el tejido social y limitan el futuro de niños y adolescentes en las zonas más afectadas.
La afectación no se limita a los establecimientos: las rutas escolares, los servicios de salud cercanos y los espacios colectivos de protección también quedan comprometidos. Esto redunda en la interrupción de actividades pedagógicas y la pérdida de oportunidades educativas para miles de estudiantes.
Retos y recomendaciones para la protección
Frente a este panorama, Unicef Colombia reconoció la vigencia de la Declaración de Escuelas Seguras, firmada por el Estado colombiano en 2022, pero alertó sobre la urgencia de que se adopten medidas concretas y efectivas para proteger las escuelas como espacios civiles.
La agencia recomendó la aplicación de protocolos de continuidad educativa, refuerzo de la infraestructura escolar y la elaboración de planes de contingencia con la participación activa de autoridades y comunidades locales.
El NRC subrayó la importancia de incorporar la prohibición del uso militar de escuelas en la doctrina de las Fuerzas Armadas y fortalecer la presencia estatal en departamentos con mayor presencia de grupos al margen de la ley.
Las evaluaciones periódicas de riesgo, la coordinación interinstitucional y la participación de directivos docentes y estudiantes son claves para construir entornos de aprendizaje protectores.