Radio Estrella, club nocturno registrado como Cien Club, habría sido identificado operando bajo un sindicato para evadir las restricciones de horario en Bogotá, según reportó W Radio.
Durante eventos recientes, incluido el after party del 7 de septiembre de 2025, el establecimiento ubicado en la carrera 15 # 99-23, en Chapinero, habría solicitado a través de la Unión Nacional de Promotores de Eventos y Trabajadores de la Noche (Unpronoc) el reconocimiento de fuero sindical, presuntamente amparándose en derechos constitucionales para justificar su funcionamiento fuera del horario permitido.
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Documentos obtenidos por W Radio indican que el club habría solicitado garantías para el ejercicio de libertades sindicales, incluyendo derechos como la asociación, el debido proceso, la intimidad del domicilio y el buen nombre, además del respeto a la sentencia C-204 de 2019 y otros precedentes constitucionales.
Según Unpronoc, el sindicato aspiraría a consolidarse en 2032 como líder nacional en el sector nocturno, tanto en número de afiliados como en la oferta de soluciones laborales frente a la informalidad y el desempleo en Colombia.
El registro como sindicato podría limitar la intervención de autoridades como la Alcaldía de Chapinero y la Policía Metropolitana, que deben ceñirse a la normativa que regula la inspección y vigilancia de organizaciones sindicales.
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Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Gobierno habrían confirmado que los clubes nocturnos no cuentan con permiso para operar después de las 3:00 a. m., salvo que sean lugares privados, situación que permitiría identificar sindicatos que funcionan de manera irregular en la ciudad.
La polémica se habría intensificado por la presencia del concejal de Bogotá por Alianza Verde, Julián Triana, en un evento fuera del horario permitido en Radio Estrella.
La fiesta, realizada en la madrugada del 7 de septiembre, fue promocionada como el after party oficial de un concierto celebrado el 5 y 6 de septiembre.
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Según videos y testimonios citados por medios locales, Triana habría respaldado la realización del evento, aunque su equipo de prensa negó que tuviera un rol organizativo o de promoción, asegurando que el concejal asistió únicamente como ciudadano, con su boleta, sin intervenir en la logística de la fiesta.
Triana ha sido crítico de las restricciones al horario de bares y discotecas. En julio de 2025, habría demandado el Decreto 293 de 2025, que redujo el cierre de las 5:00 a las 3:00 a. m., eliminando permisos especiales para zonas como Zona T, Modelia y Galerías.
“Con el recorte abrupto de dos horas van a quebrar a los empresarios de la noche en Bogotá y lo harán sin solucionar el problema del ruido ni de seguridad”, habría afirmado Triana en medios de comunicación locales.
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En paralelo, el concejal habría condecorado el 3 de septiembre al DJ Funk Tribu, quien participó en el after party, destacando su trayectoria y el crecimiento de la música electrónica en la ciudad.
En su cuenta oficial de X, Triana publicó que la música electrónica, antes estigmatizada en la política, ahora se exalta con orgullo, en lo que fue interpretado como un respaldo indirecto a la cultura nocturna.
Desde el sector empresarial, Asobares, la asociación que agrupa a bares y discotecas, habría manifestado su preocupación por el uso de sindicatos para evadir la regulación, argumentando que esto representa un retroceso normativo.
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“Se desconoce el avance trabajado con la ciudadanía y autoridades locales para construir una ciudad nocturna viva y segura”, habría declarado Eduardo Montoya, vocero de Asobares, en declaraciones al noticiero Red+.
Expertos en derecho laboral y sindical citados por W Radio, habrían advertido que el uso de fuero sindical por parte de un establecimiento privado podría constituir un uso irregular de la legislación, dado que los derechos de protección sindical están diseñados para amparar a los trabajadores y no necesariamente para garantizar la operación de un negocio fuera de la normativa vigente.
Hasta el momento, Radio Estrella no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias, y las autoridades locales no han emitido sanciones formales, lo que mantiene abierta la controversia sobre la legalidad de su funcionamiento bajo el amparo de Unpronoc.
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