La disputa judicial que enfrenta a un grupo de menonitas en Puerto Gaitán (Meta) acaba de sumar un capítulo inesperado. Lo que parecía una audiencia para formalizar la acusación terminó convertido en escenario de negociación, los abogados de los doce procesados plantearon la posibilidad de llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía, mecanismo que les permitiría reparar el daño ambiental a cambio de evitar una condena.
El ofrecimiento sorprendió en la sala. Según información de El Espectador el fiscal del caso tenía lista una acusación de 42 páginas que detallaba con precisión los hechos ocurridos entre 2017 y 2021. Según ese documento, los menonitas participaron en la tala mecanizada y la remoción de cobertura vegetal en al menos 110 hectáreas de la vereda La Cristalina, un área equivalente a unas 65 canchas de fútbol. La deforestación, realizada sin autorización de la autoridad ambiental, habría provocado erosión del suelo y la desaparición de corredores naturales usados por aves y mamíferos.
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El ente investigador aseguró que no se trató de un desconocimiento de la norma: “tienen experiencia en la actividad agrícola, sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron. Significa que esto era un delito y, sin embargo, con su voluntad, quisieron la realización de las obras”.
A la tala se suma la construcción de cuatro puentes que, de acuerdo con el CTI, invaden cuerpos hídricos estratégicos como el humedal Laguna del Merey y los caños Chivaliona y Barrulia. Para la Fiscalía, estos hechos constituyen delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, daño en los recursos ambientales, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendios.
Los acusados, según el medio antes mencionado, son Jacob Lowen Klassen, Johan Wall Froesse, Franz Bergen Peters, Abram Loeven Banman, Abraham Wall Kroeker, Abraham Wall Froesse, Abraham Enns Friessen, Jacobo Janzen Reimer, David Knelsen Guenter, Johan Loewen Neufeld, Bernhard Loewen Wiebe y Jacob Redekop Fehr. Todos hacen parte de una comunidad de alrededor de 300 personas que habitan tres megafincas de 30.000 hectáreas destinadas a la agroindustria.
El 5 de septiembre, cuando el fiscal estaba a punto de leer la acusación, los abogados de los menonitas pidieron suspender la diligencia. Uno de ellos explicó: “Nuestro propósito no es dilatar las audiencias; por el contrario. Hemos sido nosotros los que quisimos iniciar el proceso para llegar a un principio de oportunidad. No queremos eludir responsabilidades, como se quiere hacer ver”. El defensor agregó que sus clientes asistieron a todas las audiencias y que ellos mismos aportaron un traductor para los procesados, cuya lengua principal es el plautdietsch, un dialecto alemán.
Según El Espectador el juez, aunque reconoció que, “este tipo de conflictos sociales no siempre se pueden solucionar con condenas”, aceptó la suspensión tras escuchar a la Procuraduría, que advirtió que la negociación apenas estaba en fase inicial. El caso se retomará el 15 de enero de 2026.
En paralelo, el Ministerio de Ambiente y Cormacarena solicitaron ser reconocidos como víctimas. La autoridad ambiental ya había recibido en junio un documento en el que los menonitas presentaron un plan de restauración para mitigar los daños causados. Sin embargo, las entidades consideran que el impacto sobre los ecosistemas es de tal magnitud que deben tener participación activa en el proceso penal.
Detrás de la discusión jurídica también pesa la historia de las tierras. Según la Fiscalía, parte de los predios de los menonitas fueron comprados a Édgar Augusto Gutiérrez y Wilson Rodrigo Jiménez, ganaderos y narcotraficantes condenados en Francia en 2007 por intentar introducir dos toneladas de cocaína en un avión del príncipe saudí Nayef Al-Shaalan. La procedencia de esas propiedades añade un elemento de controversia a la investigación.
Además, la vereda La Cristalina es escenario de tensiones históricas. En los años noventa y dos mil, fue territorio de influencia paramilitar y lugar donde el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, adquirió extensas fincas. Su familia aún controla la empresa ganadera que lleva el mismo nombre de la vereda. A ello se suma el reclamo de los indígenas sikuanis, que llevan casi una década esperando la adjudicación de tierras en esa zona, en particular el predio El Porvenir, ocupado durante años por la sociedad vinculada a Carranza.
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