La tensión volvió a sacudir la ribera del río Caquetá. En las últimas horas se registró un ataque con explosivos contra un puesto fluvial de la Armada Nacional en el corregimiento de La Tagua, zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.
De acuerdo con la información preliminar, la acción armada dejó tres Infantes de Marina heridos, uno de ellos en estado de gravedad. Los uniformados alcanzaron a ser evacuados en medio de la emergencia y trasladados a un centro asistencial de la región, donde reciben atención médica.
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Fuentes militares confirmaron a Infobae Colombia que los responsables serían miembros del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Carolina Ramírez, pero no se descarta la participación de grupos armados ilegales con presencia en la zona, donde operan disidencias de las Farc y organizaciones vinculadas al narcotráfico.
La explosión generó alarma entre los habitantes de La Tagua, quienes reportaron fuertes detonaciones. Tras el hecho, tropas de la Armada reforzaron el dispositivo de seguridad en el área y adelantaron un operativo para dar con los responsables. Como resultado del ataque, dos buques y un elemento de combate fluvial de la Armada de Colombia fueron afectados.
Putumayo es escenario recurrente de hostilidades contra la fuerza pública. Este corredor fluvial es considerado estratégico para las economías ilegales, lo que explica la permanente disputa de los grupos armados por el control territorial.
La Armada informó que en las próximas horas entregará un reporte oficial con detalles del estado de salud de los heridos y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad en la zona.
Putumayo bajo fuego
Un ataque ocurrido en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo), generó un fuerte pronunciamiento del Gobierno nacional en medio de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cn-eb), estructura que incluye a los llamados Comandos de la Frontera. El hecho, que dejó a un oficial y a un soldado profesional gravemente heridos tras ser rociados con gasolina y quemados en medio de una asonada, puso en entredicho los avances de la mesa instalada con este grupo armado.
De acuerdo con la versión entregada por el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, segundo comandante del Ejército Nacional, a La FM las tropas del batallón de infantería número 25 adelantaban una operación contra un laboratorio de cocaína en la zona, con capacidad de producir alrededor de 300 kilos de pasta base semanalmente. Mientras se cumplía la misión de destrucción, un grupo de personas intentó frenar el procedimiento y desencadenó los hechos de violencia que son objeto de repudio.
En un comunicado, la delegación de paz encabezada por Armando Novoa condenó “de manera categórica esa acción criminal por ser incompatible con las mínimas reglas de humanidad y por atentar contra el derecho a la vida y los principios esenciales del derecho internacional humanitario”. El mensaje fue más allá al exigirle directamente a la Cn-eb un rechazo público e inmediato frente a lo ocurrido.
El Gobierno advirtió que, si ese repudio no se materializa, suspenderá de manera inmediata la reunión preparatoria que se adelanta para poner en marcha las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, a la espera de consultas con el comisionado de Paz y el propio presidente Gustavo Petro.
“El silencio no puede ser una opción”, señaló la delegación. “La conducta de los autores de estas acciones de barbarie no puede tolerarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia”. Con este pronunciamiento, el Ejecutivo buscó dejar claro que los hechos del 3 de septiembre, además de su gravedad humanitaria, representaron una amenaza directa para la confianza y el futuro de los diálogos de paz en la región.