La disputa entre el Ministerio de Salud y las EPS volvió a salir a flote en las últimas semanas, esta vez durante las mesas técnicas convocadas para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Entre el 13 de agosto y el 4 de septiembre, representantes del Gobierno y de Acemi, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, discutieron acerca de la sostenibilidad del sistema. El resultado, sin embargo, fue más confrontación que consensos.
Desde el lado oficial, el mensaje fue claro: no habrá ajustes retroactivos en la UPC. El ministerio argumentó que los cálculos de años anteriores se realizaron con la información suficiente y que cualquier intento de corregirlos “sería premiar la ineficiencia y la mala gestión”.
En paralelo, la cartera puso en duda la fiabilidad de los estados financieros entregados por las EPS y aseguró que con esos reportes se indujo a error a la Corte Constitucional. La advertencia vino acompañada de una ratificación, los únicos recursos para financiar el sistema deben provenir de las cotizaciones de empleados y empleadores.
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Acemi, por su parte, respondió con un documento que pone en tela de juicio la postura gubernamental. Allí la agremiación no solo defendió la existencia de un déficit estructural, sino que además planteó cuatro reparos centrales frente a la posición oficial.
El primero, quizás el más político, apuntó a que la Corte ordenó un análisis “técnico y transparente” y no una simulación con sesgos. Para el gremio resultó contradictorio que el mismo ministerio que lidera el debate haya negado el acceso a las bases de datos requeridas para dicho ejercicio.
El segundo reparo toca el corazón de la crisis: la desfinanciación. Según Acemi, por cada $100 que reconoce la UPC, el gasto real en salud asciende a $109. Esa diferencia, repetida año tras año, alimentó un déficit que hoy se calcula entre $26 y $33 billones. Más allá de la cifra, lo que preocupa es la manera en que ese hueco afecta el funcionamiento cotidiano de hospitales, clínicas y EPS.
El tercer punto se refiere directamente a los pacientes. Para la asociación, hablar de déficit no es solo una discusión técnica o contable, sino el reflejo de miles de personas que todavía esperan medicamentos, tratamientos y atención oportuna. En palabras del gremio, se trata de un “drama humano que requiere soluciones inmediatas”. La advertencia busca desplazar el debate del terreno financiero al impacto real sobre las vidas de los colombianos.
El cuarto y último aspecto resaltado por Acemi tiene que ver con la confianza. En su comunicado, insistieron en que señalar culpables no resuelve la crisis y que lo urgente es fortalecer la credibilidad en la información del sistema. Solo así, afirman, será posible construir salidas conjuntas que den estabilidad a la red de servicios.
La conclusión de la agremiación no dejó lugar a dudas. “Adelantar un debate cerrado con argumentos que niegan la crisis financiera del sistema que los actores e instituciones vienen denunciando hace meses es una forma de dilatar una decisión que pide a gritos el sistema y que la Corte ha ordenado corregir de forma perentoria. Cuestionar la confiabilidad de los reportes disponibles es desconocer el estado crítico del sistema, pero sobre todo es poner en riesgo millones de vidas de pacientes colombianos”, advirtió la organización.
Las posiciones, por ahora, parecen irreconciliables. Mientras el Ministerio de Salud insiste en que el modelo tiene los recursos suficientes y que el problema está en la gestión de las EPS, el gremio responde con cifras que muestran un desbalance creciente y con testimonios sobre el deterioro en la atención.