El martes 2 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación imputó a Harold Barragán Ovalle, conocido como alias Harold, los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.
Durante la diligencia, se evidenció la manipulación y eliminación sistemática de pruebas digitales que se convirtió en un eje central de la investigación sobre el atentado que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
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De acuerdo con el ente acusador, los implicados en el magnicidio recurrieron a diversas estrategias para borrar rastros, entre ellas la supresión de mensajes en el grupo de WhatsApp denominado Plata o Plomo, utilizado para coordinar los seguimientos y la logística del ataque.
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La solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Barragán Ovalle, séptimo capturado por la planeación del atentado, se fundamentó en la evidencia de que, tras la comisión del hecho, los responsables iniciaron acciones para desviar la investigación y proteger a los principales involucrados.
La fiscal del caso expuso ante el juez de control de garantías que, el capturado entregó su teléfono celular a las autoridades, los investigadores detectaron que gran parte de la información había sido manipulada o eliminada. “Después de que cometieron el hecho, comenzaron a borrar todas las informaciones”, sostuvo la funcionaria al justificar la necesidad de la detención preventiva.
El análisis de los dispositivos móviles reveló que todos los teléfonos que se usaron en la fecha del atentado fueron desconectados el día siguiente, con el propósito de evitar cualquier rastro que pudiera vincular a los participantes con el hecho.
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Según la fiscal, “todos esos teléfonos que estuvieron presentes en ese lugar, el siguiente día, fueron eliminados, fueron desconectados para no dejar rastro de esa información”. Además, se documentó que los implicados se reunieron en un establecimiento comercial pocas horas después de confirmarse el ataque, donde destruyeron celulares, retiraron tarjetas SIM y vendieron los dispositivos para dificultar la obtención de pruebas.
La investigación, respaldada por un informe de análisis criminal de la Fiscalía citado por Semana, identificó una alerta temprana sobre el riesgo de que los autores materiales buscaran un sicario para eliminar a aquellos que habían sido capturados, con el objetivo de impedir que suministraran información relevante.
El documento, fechado en julio de 2025, advertía que “presuntamente estarían contratando a una persona de la zona para tratar de que asesinara a las personas que se encontraban capturadas, pues precisamente para que no fueran a suministrar ninguna información. De manera que se encuentra evidencia de que en este caso existe ese riesgo de que se obstruya la justicia”.
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La participación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en el centro de Bogotá resultó determinante en la logística del atentado. La estructura conocida como Gancho Mosco, con antecedentes delictivos y vínculos con la Segunda Marquetalia, habría coordinado la operación en contra del precandidato presidencial.
Por su parte, el Gancho del Centro habría recibido un pago cercano a $3.000.000.000 por ejecutar el magnicidio, suma que se habría entregado en efectivo y droga proveniente de laboratorios ubicados en el departamento de Caquetá. En esa región fue capturada una de las jóvenes implicadas, quien entregó el arma al menor de edad.
Las interceptaciones de comunicaciones permitieron establecer que Harold Barragán Ovalle instruyó a alias el Costeño para que permaneciera oculto, a pesar de la orden de captura vigente en su contra. En varias conversaciones, Barragán Ovalle insistía en la necesidad de evadir a las autoridades, argumentando que “están calientes por lo de atentado”. Estas acciones, según la fiscal, constituyeron una obstrucción a la justicia.
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