La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres para el lunes 1 de septiembre, en respuesta al reciente despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.
La decisión surge luego de que algunos gobiernos de la región expresaran preocupación por la posibilidad de una eventual operación militar dirigida contra Nicolás Maduro y altos responsables del regimen de Venezuela.
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Según explicaron en Blu Radio, Colombia, que actualmente ostenta la presidencia pro témpore del bloque regional bajo la conducción de la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, confirmó la convocatoria y precisó que “los Estados miembros prevén abordar las inquietudes relacionadas con los recientes movimientos militares detectados en el Caribe”.
La reunión buscaría explorar de manera conjunta las implicaciones regionales de estos movimientos y analizar el impacto sobre la estabilidad y la seguridad en América Latina y el Caribe.
Relaciones entre Venezuela y Estados Unidos afrontan un panorama crítico
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela atraviesan uno de sus momentos más tensos en años recientes. Esta escalada comenzó con el aumento de una recompensa de 50 millones de dólares para la captura del presidente Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el Cartel de los Soles y de facilitar el narcotráfico internacional.
Paralelamente, Estados Unidos ha desplegado una flotilla militar considerable —incluyendo destructores, un submarino nuclear y miles de uniformados— en aguas caribeñas cercanas a Venezuela. A pesar de que el pretexto oficial es combatir el narcotráfico, muchos analistas consideran que se trata de una clara muestra de “gunboat diplomacy”; es decir, un despliegue de fuerza con fines políticos y de presión sobre el régimen venezolano.
En Caracas, el gobierno de Maduro ha respondido con vehemencia, describiendo el despliegue estadounidense como una agresión directa a la soberanía nacional. En reacción, se ha movilizado a millones de milicianos y fuerzas militares, intensificando patrullajes y fortaleciendo el discurso antiimperialista. Tal respuesta ha consolidado una narrativa interna de defensa y fortaleza frente a una amenaza extranjera.
Aunque el ambiente actualmente sugiere una escalada militar inminente, los expertos concuerdan en que una intervención directa es improbable. El Gobierno estadounidense insiste en que el fin del despliegue es combatir el narcotráfico, y asegura no tener planes para un cambio de régimen militar. Sin embargo, el escenario sigue siendo altamente volátil, con constantes tensiones geopolíticas y diplomáticas que podrían intensificarse en cualquier momento.
Qué es el Cartel de los Soles
El Cartel de los Soles es el nombre que se utiliza para referirse a una red de narcotráfico integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas y figuras del régimen de Nicolás Maduro.
El término se originó en la década de 1990, cuando dos generales de la Guardia Nacional —Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas— fueron investigados por su implicación en el tráfico de drogas. Su emblema militar incluía un sol en las charreteras, lo que dio nombre al cargamento criminal “Cartel del Sol” que luego se expandió a otros oficiales con insignias de más soles —de ahí el plural “Soles”.
A diferencia de un cártel convencional, esta red no opera como una organización jerárquica única, sino como una serie de nodos criminales a lo largo del aparato militar y político que se benefician de rutas de narcotráfico, minería ilegal, combustibles o contrabando. Estos nodos se coordinan a través de amistades políticas y rotaciones de nombramientos, contando con protección institucional que les asegura impunidad. Este sistema criminal es parte de una trama más amplia que sostiene al régimen mediante la distribución de privilegios y riqueza ilícita.
En julio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos oficializó su postura, designando al Cartel de los Soles como una organización terrorista global (Specially Designated Global Terrorist), vinculada con actores como el cártel mexicano de Sinaloa y la organización venezolana Tren de Aragua. Esta designación incluyó sanciones económicas, el congelamiento de activos y otras medidas dirigidas a bloquear su influencia financiera. Países como Paraguay también declararon a esta red como organización terrorista, reflejando la gravedad del fenómeno.