El debate sobre la crisis del sistema de salud colombiano se intensificó durante la quinta sesión de la Mesa Técnica de Trabajo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que se llevó a cabo en el Ministerio de Salud el pasado 28 de agosto. En este espacio, donde confluyeron 135 participantes de diversos sectores, la preocupación por la insuficiencia de recursos y la transparencia en el manejo de los fondos dominó la jornada.
Según detalló El Colombiano, que estuvo presente en la sesión, la misma inició con retraso por dificultades para alcanzar el cuórum; aunque finalmente se pudo efectuar. Con este contexto, el tema principal de discusión se centró en la siniestralidad, siendo este un indicador clave que reflejaría la relación entre los costos asumidos y los ingresos operacionales de las entidades promotoras de salud (EPS).
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“No es confiable y, por lo tanto, no es posible calcular la UPC de la manera como se venía haciendo. Este es el debate que está acá puesto, que debería ser un escándalo y que implica que aquí la función pública entre a corregir”, advirtió César Jiménez, director de Liquidaciones y Garantías de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Cabe destacar que el Ministerio de Salud convocó este espacio por orden de la Corte Constitucional, que en enero de este año determinó que la UPC asignada para 2024 resultó insuficiente. “En Savia Salud pasó de una tasa de 38 por cada 10.000 afiliados a 201 por cada 10.000; en Nueva EPS pasó de 26 a 87; en Emssanar pasó de 21 a 110; en Famisanar aumentó de 11 a 59; en Sanitas subió de 3 a 57, y Servicio Occidental de Salud (SOS) pasó de 3 a 22”, según datos de la Corte Constitucional.
El aumento del gasto de bolsillo de los colombianos para acceder a servicios médicos también causó alarma en la reunión, según lo indicó el medio citado.
Un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) reveló que “subió a 16,8 % en 2024, desde 14,2 % en 2021, acercándose peligrosamente al umbral del 20 % que la OMS considera de alto riesgo financiero para los hogares”. Además, la deuda de las EPS con hospitales y clínicas alcanzó en diciembre de 2024 los $20 billones, según la Asociación de Hospitales y Clínicas (Achc), mientras que la Contraloría la sitúa en $32,9 billones.
Durante la jornada, la metodología de la mesa técnica permitió exposiciones de representantes de entidades como Acemi, Andi y la propia Adres. Mario Fernando Cruz, de Acemi, señaló que “la deuda alcanza los $30,6 billones en las EPS producto de la insuficiencia de la UPC y del rezago en su cálculo entre los años 2021 y 2024, pero que en ese último año creció exponencialmente”.
Así fue el cruce de señalamientos entre representante de la Adres y el vocero de los pacientes
El foco de la controversia, de acuerdo con el informe periodístico, se agudizó cuando Jiménez cuestionó la transparencia en el reporte de recursos por parte de las EPS, en la que hizo especial énfasis en Sanitas. “El informe financiero, que lo estoy señalando, tiene 707 páginas, ahí están todas las EPS. Esto es un ejemplo, también hubiera podido poner uno de otra EPS, donde se ven $9.000 millones en gastos de administración en transporte de valores. No sé si eso está bien o no, esa no es la discusión”, explicó Jiménez.
La intervención de Jiménez provocó la reacción de Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, que criticó la focalización en Sanitas y la omisión de otras EPS. “¿Por qué no hablas de Nueva EPS, de la que el Gobierno es dueño del 49 % y maneja el 51 % restante?”, cuestionó Silva.
Además, expresó su inconformidad con la postura oficial frente a este asunto. “Me llamó mucho la atención que no le das importancia a la información. O sea, no hablaste del valor que tiene la información para tomar decisiones en salud. A mí sí me gustaría que no me volvieran a invitar a una (mesa de) UPC para hablar de unos temas donde el Gobierno se debería declarar éticamente impedido”, afirmó.
Por su parte, la exviceministra de Salud y exdirectora de la Adres, Diana Cárdenas, intervino para recordar la responsabilidad estatal en la financiación del sistema. “Las fallas en el sistema no los exime de la responsabilidad de demostrar que se financia de manera suficiente el sistema de salud”, indicó la exfuncionaria, según recopiló El Colombiano.
“Eso es como decir que porque los funcionarios públicos son ineficientes, no les van a pagar el salario. Es un problema de cuál es el instrumento de política para resolverlo, porque aquí nos están conduciendo a una discusión sobre si es la EPS o no. La responsabilidad del Estado es financiar el sistema. Independientemente que tenga EPS o lo administren ustedes”, agregó Cárdenas sobre el particular.
El ambiente de la mesa técnica, según participantes consultados, se percibe como un trámite sin expectativas de solución real. “El viceministro Luis Alberto Martínez insiste en que las EPS se roban la plata y repite que la salud es un derecho y no un negocio. Cada que terminamos una sesión dice ese tipo de cosas y eso nos hace pensar que no hay esperanza”, relató una de las fuentes.
Otra persona participante, según el medio citado, señaló que “han sido muy enfáticos” desde las instituciones gubernamentales en que “supuestamente la Corte no ordenó que el ministerio tiene que llegar a consensos” y añadió que ese espacio tiende a justificar lo que ellos quieren hacer. “Asistir a esa mesa es legitimarlos, pero no podemos dejar de hacerlo”, reiteró en sus argumentos.
La composición de la mesa también genera inquietud. Dos fuentes consultadas por El Colombiano consideraron que la Comisión Asesora de Costos, Beneficios y Tarifas actúa como “juez y parte, se están aconsejando a sí mismos”. Frente a ello, el Ministerio de Salud y el viceministro Luis Alberto Martínez no respondieron a las solicitudes de pronunciamiento hechas por dicha redacción sobre los hechos relatados.