Desde la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC en diciembre de 2016 hasta el 31 de julio de 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha documentado mil 730 casos de desapariciones en Colombia, un fenómeno que persiste pese al fin del conflicto formal.
Este escenario ha llevado al CICR a pedir al Estado colombiano establecer alternativas estrictamente humanitarias y extrajudiciales para que los familiares de desaparecidos posterior a la firma de los acuerdos no queden sin ruta legal de búsqueda.
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El indicador implicaría que, en promedio, una persona desaparece cada día y medio en el contexto de enfrentamientos armados o situaciones de violencia, una frecuencia preocupante en un país que pretendía cerrar capítulos de su historia reciente.
Del total de casos registrados después del 2016, la mayor parte afecta a personas civiles, entre las que se identifican 304 menores de edad; además, cerca del 83 % de los desaparecidos son hombres.
La problemática se concentra en diez departamentos, incluyendo Arauca, Nariño, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo. En estas zonas, diversos grupos armados siguen disputando el control territorial con presencia fuerte del narcotráfico y otras economías ilegales.
Aunque la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) atiende casos anteriores a diciembre de 2016, su mandato no cubre desaparecidos posteriores, dejando un vacío institucional que el CICR resalta como urgente de subsanar.
Según el CICR, “todas las familias de personas desaparecidas deben contar con una alternativa estatal de búsqueda de carácter humanitario, sin importar cuándo ocurrió la desaparición”.
Además, subraya la necesidad de fortalecer a Medicina Legal para que pueda responder oportunamente a identificaciones: “La identificación es un aspecto esencial, tanto o más que la propia recuperación de los cuerpos”, señala en su informe.
El CICR advierte que sus cifras podrían estar subestimadas, puesto que el subregistro es una constante ante la dificultad de acceder a toda la información en zonas afectadas por el conflicto y la fragmentación armada.
Hasta el momento, la UBPD ha hecho avances significativos, recuperando restos humanos y promoviendo la exhumación en cementerios públicos. En dicho trabajo, cerca de 10.000 cuerpos han sido exhumados y están en proceso de identificación.
La falta de respuestas ha mantenido en angustia a miles de familias; según el CICR, es “una de las consecuencias más dolorosas de los ocho conflictos armados y la violencia que existen en Colombia”.
Las desapariciones siguen ocurriendo y marcando la vida de comunidades enteras, lo que resalta la urgencia de reformas estructurales en materia de búsqueda y justicia.
El llamado del CICR es claro: el Estado debe ratificar su responsabilidad y ampliar la política de atención humanitaria para incluir todos los casos, sin importar su fecha, y dotar de recursos suficientes a las instituciones encargadas de la búsqueda, recuperación e identificación. Solo así se podrá garantizar que las víctimas y sus familias reciban una respuesta digna.