El caso de la joven Nancy Mestre conmocionó al país en 1994 y lo mantuvo a la expectativa hasta dos años después, cuando fue dictada la sentencia en contra de Jaime Saade, pareja sentimental de la joven. No obstante, la sentencia de 27 años no pudo empezar a hacerse efectiva hasta tres décadas después con la extradición, en 2024, del hombre que se había refugiado en Brasil luego de cometer el atroz crimen.
Cuando se registró la captura del sujeto por parte de las autoridades del vecino país, el caso volvió a ser noticia por la larga batalla que dio Martín Mestre, padre de la víctima, para que el caso se mantuviera vigente y la condena por el crimen de Nancy fuera cumplida por su agresor.
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En 1994, cuando sucedió el crimen, no se tenía tipificado el feminicidio como delito en el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, años después se pudo determinar que su muerte obedeció al hecho de ser mujer, dado que antes de fallecer en una clínica de Barranquilla, la joven fue violada, torturada y hasta arrojada a la carretera desde la parte trasera de una camioneta.
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El hecho que fue castigado 30 años después sacó a la luz el alto grado de impunidad que tienen estos casos, una situación que busca ser revertida por un proyecto radicado en el Congreso de la República por el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y la representante Karyme Cotes, del Partido Liberal.
La iniciativa que lleva el nombre de la víctima de Jaime Saade en 1994, pretende, además, rendir homenaje a la joven oriunda de la capital del Atlántico y evitar que los casos de femicidio prescriban, lo que cerraría la puerta a la impunidad que incentiva las altas cifras de estos delitos.
De acuerdo con el autor de la denominada “Ley Nancy Mestre”, el proyecto es una respuesta al alarmante panorama de los femicidios en el país. Según Cepeda, en lo corrido del año se han registrado 365 asesinatos de mujeres que se podrían tipificar como feminicidios, lo que, en promedio, indica dos casos al día.
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Según las cifras presentadas por los legisladores, entre 2023 y junio de 2025 se presentaron 2.300 feminicidios, pero solo el 33% de estos fueron objeto de una sentencia condenatoria para los agresores. Dichos indicadores señalarían también que del total de los casos registrados en los primeros meses del año, cerca de 200 quedarían en la impunidad.
Paralelo a la impunidad, el proyecto también busca atacar la doble revictimización que sufren las familias de las mujeres asesinadas, dado que la ausencia de una condena se suma al flagelo de perder a un miembro del núcleo familiar, que en muchas ocasiones son hijas en sus años juventud.
“Ya eso no volverá a suceder cuando se apruebe este proyecto de ley, que los feminicidas sepan que algún día se les va a encontrar y se les va a encarcelar. Aquí tenemos que disminuir las cifras de este delito, que lo que vienen es incrementándose año tras año: 2023, 2024 y 2025″, expresó el también expresidente del Senado durante el acto de radicación de la iniciativa.
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Con su proyecto, Cepeda busca que los perpetradores de los femicidios sean judicializados sin importar el tiempo que haya transcurrido del crimen y, asimismo, reciban una condena equivalente con el delito que cometieron.
De ser aprobada, la “Ley Nancy Mestre” entraría en vigencia para complementar la Ley 1761 de 2015, que tipificó el femicidio como delito en el Código Penal colombiano y le otorgó una pena que oscila entre los 250 y 500 de prisión, lo que equivale a condenas desde los 20 a los 41 años de reclusión en un centro carcelario.