Por primera vez en más de treinta años, Invamer no publicó su encuesta bimensual sobre la situación de Colombia, tradición que venía sosteniendo desde hace 167 mediciones. La decisión responde a las restricciones impuestas por una nueva ley aprobada en el Congreso, que regula la elaboración y divulgación de encuestas electorales y de opinión política y que solo espera la sanción presidencial para entrar en vigor.
Invamer, considerada uno de los principales referentes en encuestas del país, argumentó que la nueva normativa obliga a modificar el tamaño de muestra de las encuestas y establece estándares que, según la compañía, resultan imposibles de cumplir bajo el modelo autofinanciado.
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En su publicación más reciente, el habitual informe de resultados fue sustituido por mensajes en cada pregunta que afirmaban: “Lo sentimos, debido a la nueva ley que regula las encuestas no nos es posible informarte la opinión sobre...”.
La ley, tal como fue aprobada, exige que en las consultas nacionales se incluyan todas las ciudades con más de 800.000 habitantes, la urbe más grande de cada región que no alcance ese umbral y un subconjunto representativo de municipios de distintos tamaños.
Además, para los estudios departamentales, obliga a incluir la capital y al menos el 20% de los municipios de cada departamento. Para Invamer, esto supondría ampliar su muestra habitual de unas 1.400 encuestas a más de 11.000, lo que duplicaría los costos y haría inviable la realización frecuente de los sondeos.
La publicación de resultados numéricos sobre percepción de la gestión presidencial, políticas públicas, economía, corrupción, seguridad, y favorabilidad de líderes e instituciones también quedó suspendida. En el documento oficial divulgado, los módulos sobre la aprobación del presidente, la política de “paz total”, la intención de reelección o reformas a la Constitución, y la evaluación de alcaldes y gobernadores, fueron reemplazados por avisos en los que se informaba su restricción bajo la nueva ley.
La normativa igualmente prohíbe preguntar sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales antes del 31 de octubre próximo y obliga a que todas las encuestas de opinión pública y política incluyan a los municipios señalados según los datos oficiales de población. Hasta ahora, la serie Invamer Poll cubría todas las grandes ciudades salvo Soacha, pero la nueva regla la obligaría a reorganizar toda la estructura muestral.
En diferentes apartados, Invamer advierte que esta regulación “limita el acceso de los ciudadanos a información clave” y puede convertir las encuestas en “un privilegio privado de unos pocos” por los altos costos. Reclama que la ley afecta tanto la libertad de expresión como el derecho al voto informado, al regular derechos fundamentales sin cumplir los requisitos de una ley estatutaria para ese tipo de cambios.
En su pronunciamiento, la firma destacó que la Corte Constitucional reconoce las encuestas como “mecanismos técnicos idóneos y legítimos para adoptar la decisión de invitar a los candidatos a los debates electorales”.
Además, la empresa manifestó su preocupación porque requisitos como incluir a “candidatos que posean relevancia o notoriedad pública significativa” resultan ambiguos y de cumplimiento imposible. Según Invamer, la iniciativa también representa un “mito” la idea de que las encuestas inducen el voto, ya que no existe evidencia de que los electores elijan siempre al candidato puntero, citando ejemplos recientes donde las preferencias cambiaron semanas antes de los comicios.
Por estos motivos, la compañía interpuso dos demandas y se encuentra preparando una tercera ante la Corte Constitucional, en las que argumenta que existen vicios en el trámite legislativo y que la norma puede ser inconstitucional. Añade que la regulación desplaza la producción de estudios serios y verificados, dejando el espacio a datos y narrativas difundidas por fuentes no profesionales o en redes sociales, lo que podría afectar la calidad del debate público.
En relación con el impacto de la medida, la dirección de Invamer advirtió que “llevamos más de 30 años haciendo este estudio cada dos meses con recursos propios con el ánimo de informar al país y darle voz a la ciudadanía (…) Lastimosamente, por la ley de encuestas que no solo limita o censura las encuestas de intención de voto (…) Cualquier tema que tú vayas a medir en Colombia requiere unas muestras exageradas que no hay quien las pague y no hay quien las haga con la misma frecuencia que nosotros lo veníamos haciendo”.
La ausencia de la Invamer Poll impacta la oferta regular de datos sobre percepción ciudadana, estado de ánimo en las ciudades principales, favorabilidad de instituciones como la Fiscalía y la Policía, y evaluación de alcaldes, gobernadores y figuras presidenciales. Mientras la Corte Constitucional estudia las demandas contra la ley, el acceso a encuestas sobre temas de coyuntura permanecerá interrumpido.