La historia de la finca Las Américas, en Chimichagua (Cesar), parecía resuelta en noviembre de 2024, cuando el Gobierno de Gustavo Petro anunció que el predio de 1.453 hectáreas sería entregado a un centenar de familias campesinas víctimas del conflicto armado. Sin embargo, nueve meses después, el Tribunal Superior de Barranquilla desmontó esa decisión y abrió la puerta a nuevas investigaciones por presuntas irregularidades en el proceso.
El caso tiene un trasfondo complejo. El terreno perteneció a José Guillermo Hernández Aponte, alias el Ñeñe Hernández, ganadero y narcotraficante asesinado en Brasil en 2019. Por tratarse de un bien vinculado a procesos de Justicia y Paz, estaba sometido a medidas cautelares que impedían cualquier negociación sin aval judicial. Aun así, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) concretaron la entrega en 2024 bajo la figura de “enajenación temprana”, lo que levantó sospechas desde el inicio.
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El alcalde de Chimichagua, José David Rocha Quintero, fue uno de los primeros en expresar dudas. “Lo que yo no quiero es que mañana me diga un juez, señor alcalde, sírvase desalojar a estas personas que ocupan este predio porque es de fulano de tal o fue devuelto a fulano de tal”, dijo entonces, advirtiendo el riesgo de que la entrega se convirtiera en un problema legal para las familias beneficiadas.
La advertencia no era infundada. El Tribunal concluyó ahora que la negociación carecía del requisito fundamental, la autorización de un juez. Atendiendo a los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Inversiones Rodríguez Fuentes S. A. S., el alto tribunal ordenó dejar sin efecto la entrega y mantener las medidas cautelares vigentes. Además, compulsó copias para que se investigue si hubo responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias en la actuación de las entidades que participaron.
En la decisión, los magistrados llamaron la atención sobre la actuación de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua, que registró la compraventa sin consultar con la justicia transicional. “Es bastante cuestionable que, a pesar de tratarse de una cosa embargada, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua, Cesar, hubiera registrado la ilegal compraventa que efectuó la Uariv a la ANT sin siquiera alertar o consultar con este Tribunal, que fue el que embargó”, se lee en la providencia.
El fallo también puso el foco en el valor del negocio. Según la Fiscalía, la finca fue transferida en 2025 por 16.729 millones de pesos, cuando en 2022 su avalúo comercial ascendía a más de 26.000 millones. Los reclamantes cuestionan que la negociación se haya hecho a un precio inferior, lo que podría representar un detrimento patrimonial.
Para Camilo Rojas, abogado de Inversiones Rodríguez Fuentes S. A. S., el fallo sienta un precedente clave. “Reconoce que la enajenación temprana se realizó sin el lleno de los requisitos legales y procesales, desconociendo el derecho de defensa y los principios del debido proceso”, aseguró, calificando la decisión como un “importante logro jurídico”.
En un comunicado, Rojas añadió: “Con esta providencia, se ratifica que los bienes sometidos a los procedimientos de Justicia y Paz (sin decisión en firme de extinción de dominio) no pueden ser objeto de disposición anticipada sin que medie autorización judicial válida y dentro de las garantías que establece la ley”.
El abogado también reveló que la disputa no termina aquí. Existen al menos 16 predios adicionales entregados bajo condiciones similares, por lo que ya fueron radicadas solicitudes de control previo para impedir que se repitan vulneraciones de este tipo. “Ya se ha radicado la correspondiente solicitud de control previo a la venta, con el propósito de evitar nuevas vulneraciones”, puntualizó.
Mientras tanto, el Tribunal ordenó que la Unidad de Víctimas continúe con el proceso de reparación colectiva en el Cesar, pero bajo los lineamientos que exige la justicia transicional. La directriz incluye la participación de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría en grupos especiales de vigilancia, con el fin de proteger los bienes destinados a resarcir a las víctimas del conflicto armado.