La candidata presidencial Vicky Dávila volvió arremeter en contra de Gustavo Petro, ahora afirmando que su campaña sí violó los topes y que el hijo del mandatario, Nicolás Petro, lo había confesado todo.
“Magistrados del CNE concluyeron que campaña de Petro sí violó los topes. Nicolás Petro confesó todo lo que hicieron para llegar poder. Curiosamente en la Fiscalía esa investigaciones se murieron con la llegada de la fiscal de Petro”, señaló la también periodista.
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En su pronunciamiento Vicky Dávila reseñó una publicación donde afirmaron que los topes de la campaña de Gustavo Petro sobrepasaron los 3.500 millones y pidieron una millonaria sanción a Ricardo Roa.
También, la periodista dijo que con la llegada de la actual fiscal general Luz Adriana Camargo dichas investigaciones donde se ve envuelto el actual mandatario Petro se diluyeron.
Por su parte, Jorge Enrique Robledo afirmó que por lo anterior la Comisión de Acusaciones de la Cámara investigará a Gustavo Petro.
“La campaña de Petro violó los topes electorales por más de $3.500 millones, según la ponencia del CNE. Se compulsan copias a la Fiscalía contra Ricardo Roa. La Comisión de Acusaciones de la Cámara investigará a @petrogustavo“, dijo.
El político y abogado Enrique Gómez también se pronunció en su cuenta en X, afirmando que la campaña electoral de Gustavo Petro pasó por encima de todas las normativas.
"Más confirmado no se puede, la campaña de Petro pasó por encima de todas las normativas. Ojo a la primicia de @Melquisedec702, afirmó.
Ponencia de dos magistrados del CNE afirma que la campaña de Gustavo Petro violó los topes electorales: “Ya fue radicada este martes ante la plenaria
Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia presentaron una ponencia en la que determinan que la campaña Petro Presidente 2022 excedió los límites legales de financiación por más de $3.500 millones.
Este informe solicita la imposición de una sanción económica considerable a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña.
De acuerdo con el reporte, la ponencia será debatida por la Sala Plena del CNE, órgano compuesto por diez magistrados, uno de los cuales participa únicamente con voz.
La investigación descarta las acusaciones relacionadas con los vuelos de la Sociedad Aérea de Ibagué, aunque mantiene bajo análisis los pagos provenientes de la Unión Sindical Obrera (USO), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Polo Democrático y una factura de Caracol Televisión.
El proyecto de resolución propone, además de la sanción a Roa, medidas administrativas y económicas contra los partidos polítcos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Se contempla que estas agrupaciones devuelvan recursos y paguen multas importantes, aunque no está prevista la pérdida de personería jurídica para estas formaciones.
La multa que enfrentaría Ricardo Roa podría alcanzar los $4.000 millones, de acuerdo con el texto redactado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
La ponencia constituye un avance significativo, ya que resulta la primera ocasión en que una investigación sobre financiación excedida llega a esta etapa de discusión en Sala Plena. En precedentes similares, las indagaciones fueron archivadas luego de ser abiertas.
La investigación del CNE se inició formalmente en octubre de 2024, motivada por supuestas irregularidades detectadas en la financiación de la campaña presidencial.
Las indagaciones apuntaron a $5.300 millones no reportados en los gastos de campaña, de los cuales $3.700 millones corresponden a la primera vuelta y $1.600 millones adicionales provienen de un contrato con la empresa de aviación SADI, responsable de prestar servicios durante el cierre de la contienda electoral.
El documento a consideración señala que las contribuciones no incluidas apropiadamente en los reportes provienen de fuentes sindicales, gremiales y facturación mediática.
Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha manifestado ninguna reacción frente a la ponencia impulsada por los magistrados Ortiz y Prada.
La resolución concluirá su trámite una vez la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral debata y vote el proyecto, lo que marcaría un hito en los procesos de control en financiación de campañas presidenciales en Colombia.