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El restaurante de Don Jediondo no pagaba pensiones ni impuestos a la Dian: estas son las deudas que lo llevaron a su fin

En el momento de la decisión de su liquidación, la compañía mantenía una planta de 183 trabajadores (92 mujeres, 89 hombres y 2 empleados temporales)

La empresa Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S. llegó a tener 35 puntos de venta en Colombia - crédito Colprensa

La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) informó, el 26 de agosto de 2025, que tomó la determinación de iniciar el proceso de liquidación judicial de Don Jediondo Sopitas y Parrilla, la cadena de restaurantes liderada por el comediante Pedro González. La medida responde a reiterados incumplimientos en las obligaciones pactadas durante la etapa de reorganización empresarial que buscaba el rescate de la compañía.

Según la Superintendencia, la empresa no cumplió con los pagos correspondientes a impuestos, seguridad social y gastos administrativos, compromisos estipulados como parte de las acciones de salvamento. La falta de estos pagos motivó el paso definitivo a la liquidación judicial.

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Los estados financieros muestran que la cadena reportó activos por $25.601 millones, incluyendo bienes de locales y equipos de hoteles y restaurantes por un valor de $9.601 millones. Sin embargo, las deudas de la compañía, al corte del 30 de junio de 2025, son prácticamente equivalentes, con un valor de $25.580 millones. Además, en el momento de la decisión la compañía mantenía una planta de 183 trabajadores (92 mujeres, 89 hombres y 2 empleados temporales).

La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) es un organismo técnico de Colombia, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales y otras personas jurídicas y naturales - crédito Superintendencia de Sociedades de Colombia

Desde el acuerdo de reorganización empresarial, que fue suscrito el 2 de agosto de 2022, Don Jediondo Sopitas y Parrilla se comprometió a cumplir con unas fechas precisas para el pago de sus obligaciones fiscales. Estos compromisos tenían como plazo el 26 de septiembre de 2024, el 26 de enero y el 25 de mayo de 2025, pero los pagos no se efectuaron.

Acumulación de incumplimientos

“La acumulación de incumplimientos, la falta de ejecución de compromisos, y la dependencia de recursos externos (inversión extranjera) no garantizados para el cumplimiento tanto de obligaciones de seguridad social, fiscales, gastos de administración y del acuerdo, configuran una causal objetiva de terminación del acuerdo de reorganización conforme al artículo 45 numeral 2 de la Ley 1116 de 2006″, explica un documento de la Supersociedades, conocido por Portafolio.

Según lo revelado por el medio, “esto habilita al juez del concurso para declarar el fracaso del acuerdo y ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial”.

Billy Escobar es el superintendente de Sociedades - crédito @SSociedades/X

En la fase de seguimiento del acuerdo, se llevaron a cabo cinco audiencias por el juez del concurso. En ellas se evidenció que la compañía seguía incumpliendo sus obligaciones, lo que incrementó el volumen de deudas, en particular, aquellas relacionadas con el impuesto al consumo.

Sin capacidad de pago

La Superintendencia detalló que, pese a los reiterados llamados del juez y a las oportunidades brindadas por los acreedores, la empresa no logró mejorar la situación financiera ni demostrar capacidad de pago.

El documento de la entidad explica además que Don Jediondo Sopitas y Parrilla mantiene deudas con varias entidades, como Colpensiones, Porvenir, Protección, Positiva y la Dian, entre otras. Las obligaciones permanecen activas y no cuentan con acuerdos de pago formalizados ni abonos que evidencien intención de honrar los compromisos adquiridos.

Si una empresa no paga las cotizaciones pensionales de sus empleados, puede enfrentar consecuencias legales y financieras - crédito Luisa González/Reuters

“En cada audiencia se constató el incremento progresivo de las obligaciones, incluyendo aquellas relacionadas con el impuesto al consumo, cuyo pago es de carácter mensual. No obstante, la sociedad continuó acumulando atrasos en estas obligaciones, lo que refleja una falta de capacidad operativa y financiera para atender sus compromisos corrientes”, dice la Supersociedades.

Los compromisos incumplidos por Don Jediondo

En cuanto a la magnitud de las deudas, el informe detalla que la empresa se comprometió a cubrir $16.080 millones correspondientes a gastos administrativos, pago de impuestos y obligaciones de seguridad social. Solo en impuestos y seguridad social, existen compromisos por $773 millones:

  • A la Dian le adeuda $40 millones en retención en la fuente del periodo de mayo de 2025 y $93 millones de junio de este año.
  • Hay deudas con Suramericana ($11 millones), Colfondos ($14 millones), Protección ($79 millones) y Porvenir ($240 millones), así como $73 millones con Colpensiones y $198 millones a Bogotá, por capital, intereses y sanciones vinculadas a la retención de ICA desde 2019 hasta 2025.
  • En riesgos laborales, la compañía debe $20 millones a Positiva.
  • El rubro más crítico corresponde al impuesto al consumo, donde la cadena adeuda a la Dian $7.729 millones.
Los restaurantes de Don Jediondo entraron en un proceso de reorganización desde 2020 por problemas financieros y la crisis de la pandemia del Covid-19 - crédito Colprensa

Frente a estos incumplimientos, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que, “en el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización”.

Añadió que: Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa. Sin embargo, ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”.

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