La decisión que Estados Unidos tomará en septiembre sobre la cooperación antidrogas con Colombia generó inquietud tanto en el ámbito político como en el económico. La posibilidad de una descertificación no es un simple trámite diplomático, podría redefinir el rumbo de la relación bilateral y golpear áreas estratégicas como la seguridad, el financiamiento internacional y los programas de desarrollo.
La Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) elaboró un análisis en el que plantea tres escenarios posibles frente a la revisión que la Casa Blanca hará del estatus del país en la lucha contra el narcotráfico en 2025. El documento no solo advierte que el riesgo es alto, sino que detalla cuáles son los puntos débiles y los factores que podrían salvar a Colombia de sanciones más severas.
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De acuerdo con el informe, Washington evalúa cinco dimensiones clave, reducción de cultivos ilícitos, interdicción del tráfico, extradiciones y justicia, compromisos internacionales y voluntad política. El balance colombiano muestra claroscuros. La reducción de cultivos ilícitos es el talón de Aquiles. En 2023 se reportaron 252.572 hectáreas de coca, un aumento de 9,8% frente al año anterior. La producción potencial llegó a 2.644 toneladas métricas de cocaína pura, un incremento de 53% en comparación con 2022.
La erradicación forzosa tampoco mejora el panorama. A junio de 2025 apenas se eliminaron 1.509 hectáreas frente a la meta de 30.000. La aspersión aérea, por su parte, permanece suspendida. “Todavía tenemos margen de acción. No contamos con mucho tiempo, pero sí con el suficiente para reaccionar y mostrar resultados concretos”, señaló AmCham, que calificó este indicador con un puntaje crítico entre 0,5 y 1,0 sobre 5.
En contraste, la interdicción del tráfico presenta cifras históricas, en 2024 fueron incautadas 960 toneladas de cocaína, lo que refleja una coordinación activa con Estados Unidos y otros aliados. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la producción reduce el impacto relativo de las incautaciones, razón por la cual la dimensión obtiene un puntaje intermedio de 3,0–3,5.
Las extradiciones y la justicia ofrecen otro punto de equilibrio. Colombia mantiene un promedio de más de 60 entregas anuales y tramitó juicios contra grandes capos. Aun así, la suspensión de algunas solicitudes en 2025 y los cuestionamientos por supuestos contactos políticos con estructuras criminales generan dudas. El resultado, una calificación de 3,5–4,0.
En compromisos internacionales, el país cumple con los tratados de la ONU y acuerdos bilaterales, lo que lo ubica en un rango de 4,0–4,5 sobre 5. La dimensión más vulnerable es la voluntad política. Aunque se mantienen los discursos sobre nuevas estrategias, la reducción drástica de metas de erradicación, la negociación con el Clan del Golfo, catalogado por EE. UU. como Foreign Terrorist Organization (FTO), y el respaldo diplomático a gobiernos como el de Venezuela debilitaron la confianza. La nota en este aspecto oscila entre 2,0 y 2,5.
Con este panorama, AmCham describe tres escenarios posibles. El primero, la Casa Blanca podría advertir sobre los incumplimientos, pero mantener la asistencia si considera que Colombia sigue siendo un aliado estratégico. “Este escenario sigue siendo viable y realista. El narcotráfico constituye un enemigo común de ambos países, por lo que la cooperación bilateral sigue siendo fundamental para garantizar resultados sostenibles y enfrentar amenazas compartidas como el crimen transnacional, el lavado de activos y la violencia asociada a las economías ilícitas”, explicó la organización.
Si esa alternativa no prospera, el país se enfrentaría a una descertificación sin exención presidencial. Esto activaría las sanciones previstas en la Foreign Assistance Act (FAA), suspensión de la ayuda económica y militar no humanitaria y veto a créditos multilaterales. Bajo este escenario, programas de cooperación de la Usaid, asistencia policial y judicial y proyectos de desarrollo rural quedarían cancelados. Además, organismos como el Banco Mundial o el BID podrían frenar desembolsos clave.
Con una cartera de aprobaciones cercana a USD862,5 millones anuales, un veto del 50–60 % supondría la pérdida de entre USD431 millones y USD517 millones al año, con efectos directos en infraestructura, transporte, energía limpia y programas sociales.
El tercer escenario es el más drástico. Una descertificación total que supondría aislamiento diplomático, suspensión casi absoluta de cooperación y un fuerte deterioro en la relación bilateral. El análisis concluyó que la posibilidad de evitar sanciones depende de acciones rápidas y resultados concretos antes de la decisión de septiembre. La cooperación sigue siendo el argumento más sólido, pero la falta de avances en reducción de cultivos y la debilidad percibida en la voluntad política pesan en contra.