La búsqueda internacional de César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), se intensificó tras la solicitud de una circular roja de Interpol por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Manrique, que ocupó el cargo en el Gobierno de Gustavo Petro desde 2023, enfrenta acusaciones de corrupción vinculadas al manejo de recursos públicos destinados a la atención de desastres. Las autoridades mantienen la incertidumbre sobre su paradero, aunque ya hay indicios.
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Circular roja Interpol y orden de captura
El 21 de agosto de 2025 se conoció que la Fiscalía solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia que tramite la expedición de la circular roja para hacer efectiva la orden de captura emitida por una jueza penal de control de garantías de Bogotá.
Esta medida de aseguramiento, que implica reclusión en centro carcelario, fue impuesta el 29 de julio y permanece vigente pese a la apelación presentada por la defensa. Hasta el momento, la privación de la libertad de Manrique no se ha concretado, ya que las autoridades desconocen su ubicación actual.
Sobre el exfuncionario pesan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía, en audiencias ante una jueza de la República, imputó dichos delitos a Manrique en el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) , que no los aceptó. La gravedad de los señalamientos llevó a la fiscal María Cristina Patiño a solicitar su reclusión, petición que fue avalada por la jueza el mismo 29 de julio.
La incertidumbre sobre el paradero de Manrique ha dificultado la ejecución de la orden de captura. Las autoridades han rastreado varias ciudades sin éxito, y existen versiones contradictorias sobre su ubicación. Algunas fuentes citadas por El Tiempo sostienen que el exfuncionario habría salido del país con destino a Venezuela, mientras que otras insisten en que permanece en Bogotá. La investigación y la búsqueda continúan, mientras la circular roja de Interpol busca ampliar el alcance internacional de la captura.
Corrupción Ungrd y desfalco recursos públicos
El caso se centra en el esquema de corrupción al interior de la Ungrd, entidad encargada de atender las necesidades básicas de poblaciones vulnerables. De acuerdo con la investigación, Manrique habría liderado un capítulo del desfalco a la entidad mediante la designación de enlaces en la entidad, con el propósito de direccionar irregularmente la contratación y apropiarse de recursos públicos.
La fiscal Patiño señaló que el exdirector se habría quedado con $3.000 millones provenientes de la contratación directa de 40 carrotanques para La Guajira, adjudicada a la Fundación Yapurutú.
El mecanismo descrito por la Fiscalía involucró a varios actores. Ana María Riveros, siguiendo instrucciones de Édgar Riveros, retiró $3.000 millones en efectivo de la cuenta bancaria de Office Abogados, donde era la única autorizada para retiros.
Posteriormente, transportó el dinero desde una sucursal bancaria en el centro comercial Gran Estación hasta los baños contiguos, donde lo entregó a Luis Carlos Barreto Gantiva, que ingresó a la Ungrd como subdirector para el Conocimiento del Riesgo en 2023. Él tenía el encargo de hacer llegar los fondos a Manrique. Según la fiscal, Barreto habría contado con el apoyo de Olmedo López y Sneyder Pinilla para ejecutar estas acciones.
Además de Manrique, la investigación involucra a otros señalados responsables, entre ellos Barreto, López, Pinilla, Ana María Riveros y Édgar Riveros. La Fundación Yapurutú figura como la beneficiaria de la contratación irregular, lo que ha puesto bajo la lupa el proceso de adjudicación y el destino final de los recursos públicos.
En este contexto, la defensa de Manrique, encabezada por el abogado Santiago Trespalacios, sostiene que su cliente mantiene la disposición de comparecer ante la justicia y participar en las audiencias que se convoquen para ejercer su defensa, según declaró a El Tiempo.