Casi medio día después de la circulación en redes sociales del video donde se observa a David Racero, acompañado por policías en un conjunto residencial al norte de Bogotá, enfrentando insultos por parte de algunos vecinos, el propio congresista ofreció una respuesta sobre el episodio.
“Más fuerzas y ganas para seguir defendiendo al presidente Petro y al gobierno del cambio!!”, aseguró el representante a la cámara, en lo que fue interpretado como una reafirmación de su compromiso político.
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El material audiovisual, compartido inicialmente por el abogado Daniel Sanín, muestra la llegada de Racero a la zona de Colina Campestre, donde algunos habitantes lo increpan verbalmente. Entre los gritos que se registran en el video, se destaca: “Hijueputa”, le dicen.
Sanín acompañó la publicación con un mensaje sarcástico: “La gente ama a @DavidRacero la gente está feliz con el cambio, vean como le manifestaron su amor”.
Según detalló el propio Racero, los hechos ocurrieron en un sector caracterizado por su alto nivel socioeconómico. El congresista señaló: “no espero que la ‘gente de bien’ de estrato 6 en un conjunto residencial de Colina Campestre en el norte de Bogotá me ame”.
En su respuesta, Racero evocó además palabras de Pepe Mujica sobre la normalidad de recibir rechazo al intentar cambios que buscan beneficiar a las mayorías.
El parlamentario del Pacto Histórico afirmó: “Creen que nos intimidan”, y aludió a su determinación para continuar con el proyecto político del Gobierno. También enfatizó que su presencia en zonas como el norte de la ciudad no se verá limitada por episodios de hostilidad: “si me vuelven a invitar al norte, voy. Aunque les incomode, seguiremos llevando la palabra del cambio a cualquier lugar. Firmes, sin miedo!”.
El intercambio en redes refleja el ambiente polarizado con el que se recibe a dirigentes del oficialismo en algunos sectores de la capital.
Corte Suprema investiga a David Racero por presunta concusión
La Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación formal contra David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico, por presunto delito de concusión.
El caso se centra en los registros de llamadas y mensajes de WhatsApp entre Racero y su exasistente Jhon Leonardo García Lara, y busca aclarar la naturaleza de su relación laboral y presuntas irregularidades en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El tribunal ha ordenado a las principales empresas de telefonía móvil entregar los datos de las comunicaciones entre 2020 y 2022 en un plazo de tres días.
La Sala de Instrucción investiga señalamientos que indican que Racero habría instruido a miembros de su equipo a realizar actividades no oficiales, como atender un mercado de frutas y verduras presuntamente de su propiedad. Además, hay denuncias sobre la solicitud de transferencias de parte del salario de una asesora al propio congresista.
El magistrado César Augusto Reyes Medina ordenó recoger pruebas documentales y testimoniales, incluyendo informes forenses sobre mensajes de WhatsApp y movimientos bancarios realizados por integrantes de la UTL a cuentas de Racero. También se solicitaron certificaciones laborales, constancias de pago y registros de llamadas.
El caso tiene repercusiones más allá del ámbito penal. La Procuraduría adelanta un proceso disciplinario por hechos similares y el Consejo de Estado fijó audiencia pública para el 20 de agosto de 2025, donde podría decidirse la pérdida de investidura de Racero.
La diligencia será virtual. El expediente indica que García Lara fue asistente grado II en la UTL de noviembre de 2020 a enero de 2021.
La Dijín y el Cuerpo Técnico de la Fiscalía deben entregar informes técnicos para autenticar los mensajes de WhatsApp que han circulado en los medios. Las pruebas buscan determinar si existió un uso sistemático de recursos humanos y financieros del Congreso en beneficio personal de Racero.