El atentado terrorista ocurrido frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en el nororiente de Cali, sigue generando un profundo rechazo por parte de las autoridades y la ciudadanía. De manera preliminar se reportan seis personas muertas, entre ellas un menor de nueve años, y al menos 50 heridos.
Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría General de la Nación condenó el atentado y anunció medidas inmediatas para reforzar la seguridad y acompañar la respuesta institucional.
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El Ministerio Público, encabezado por el procurador Gregorio Eljach Pacheco, expresó su rechazo absoluto a la acción criminal y anunció la creación de una comisión especial para participar en el Puesto de Mando Unificado (PMU).
Esta comisión tiene como objetivo acompañar las acciones de atención a la emergencia y garantizar la seguridad de los habitantes de la capital vallecaucana.
“(...) Creó Comisión Especial para participar en PMU, acompañar acciones para atender la situación y garantizar la seguridad de los vallecaucanos ante este hecho repudiable (...)”, enfatizó la Procuraduría.
En su declaración, la Procuraduría también hizo referencia a otro atentado ocurrido en la mañana del jueves en Amalfi (Antioquia), donde ocho uniformados de la Policía Nacional murieron y otros ocho resultaron heridos durante operaciones contra el narcotráfico en una zona rural. La entidad reiteró su rechazo a estos actos violentos y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.
“Desde la @PGN_COL rechazamos los hechos violentos que provocaron la muerte de 8 uniformados de la @PoliciaColombia y que dejaron a otros más heridos en zona rural de Amalfi, Antioquia, durante labores adelantadas en contra del narcotráfico (sic)”, complementó la entidad.
Exministra Ángela María Buitrago se refirió a la falta de voluntad de paz de los grupos armados ilegales
Por su parte, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago se pronunció tras el atentado, señalando la urgencia de revisar la política de seguridad y la estrategia de negociación con los grupos armados.
Buitrago advirtió que los recientes hechos demuestran la falta de respeto de ciertos grupos ilegales por los acuerdos y la persistencia en el uso de la fuerza para presionar negociaciones.
“Es un problema que se tiene que viabilizar dentro de la política que se está asumiendo para las negociaciones y para la reducción de la violencia. Esto lo que demuestra es que esos grupos en particular que están actuando de esta manera no están respetando acuerdos. Están ejerciendo poderío y fuerza para seguir ejerciendo una presión frente a las negociaciones. Y esto lo que demuestra es que hay que replantear el camino para que efectivamente no se den estos temas que atentan contra toda la población, pero sobre todo contra la voluntad de paz que debe ser mantenida, pero con reglas y con condiciones claras”, señaló ante medios de comunicación.
En su opinión, resulta imprescindible replantear el enfoque estatal para garantizar la paz, estableciendo reglas y condiciones claras, y evitando que la ley de sometimiento se convierta en una vía para perpetuar la violencia. La exfuncionaria enfatizó que las organizaciones criminales han fortalecido sus capacidades y que el Estado debe responder con firmeza para proteger a la población civil.
“La ley de sometimiento es una de las herramientas que se tienen para cuando las organizaciones se desmantelen, se sometan y obviamente entreguen primero las armas, no hagan violencia, respeten los derechos de la civilidad y, sobre todo, se den cuenta que el ejercicio de la fuerza no es un camino viable. Pero lo que sí es cierto es que se han reestructurado, se siguen aumentando las capacidades bélicas, tienen elementos y herramientas muy fuertes y este atentado lo prueba”, puntualizó tras participar en un encuentro en la Corte Constitucional.