Un fallo judicial emitido en Medellín estableció un precedente en materia de violencia intrafamiliar al reconocer al cantante de reguetón Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, como víctima de agresiones por parte de su expareja, Camila Andrea Rodríguez Ascanio.
La decisión, conocida en detalle por Semana, ordena una serie de medidas de protección a favor del artista, en el contexto de un proceso de divorcio y una disputa pública que ha generado amplio interés nacional.
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Fallo judicial y medidas de protección para Beéle
Según los documentos judiciales a los que accedió Semana, la Comisaría de Familia Comuna Dieciséis de Medellín concluyó que Beéle fue objeto de violencia física, psicológica, económica y emocional durante los últimos meses de convivencia con Rodríguez Ascanio.
El fallo se fundamenta en informes psicológicos y pruebas documentales que evidencian, entre otros hechos, al menos tres episodios de agresión física.
El análisis oficial describe un patrón de manipulación emocional, abuso psicológico, control financiero, gaslighting y coerción religiosa, elementos que, según la autoridad, configuran una relación desigual y con dinámicas de poder perjudiciales para el cantante.
El documento judicial, citado por Semana detalla que la víctima experimentó un “abuso emocional, psicológico, económico y físico”, y que la relación estuvo marcada por factores de riesgo que podrían tener consecuencias a futuro.
La comisaría subrayó que la evidencia presentada por Beéle resultó determinante para establecer la existencia de estos hechos, en contraste con la denuncia inicial presentada por Rodríguez Ascanio contra el artista.
En relación con la acusación de Rodríguez Ascanio, la autoridad judicial señaló que no encontró elementos probatorios suficientes para respaldar su versión.
“No existen elementos probatorios que permitan afirmar una responsabilidad de señor López Orozco en las actuaciones descriptas, circunstancia contraria a los hechos atribuidos a la señora los cuales fueron soportados en elementos de prueba oportunamente allegados al expediente procesal”, indicó la comisaría en el fallo, según recogió Semana.
Como resultado de estas conclusiones, el fallo impone a Camila Andrea Rodríguez Ascanio la obligación de abstenerse de realizar cualquier acto, público o privado, que pueda afectar el buen nombre, la tranquilidad o la integridad de Beéle.
Además, se le prohíbe almacenar, difundir o compartir material fotográfico o audiovisual que vulnere la intimidad del cantante. La decisión también ordena que Rodríguez Ascanio inicie un proceso de terapia psicológica para el manejo de impulsos y emociones, y le exige facilitar la comunicación de sus hijos con su padre, tanto en encuentros presenciales como a través de llamadas o videollamadas.
Disputa pública y repercusión mediática
El contexto de este fallo se enmarca en una disputa que ha trascendido el ámbito privado para instalarse en la esfera pública y mediática. La controversia entre Beéle y Rodríguez Ascanio, quien además de ser su exesposa trabajó como su corista y roadmanager, se intensificó tras la participación de la comunicadora en un pódcast donde relató episodios de infidelidad, dificultades económicas y falta de apoyo durante momentos críticos de salud. Rodríguez Ascanio afirmó haber reunido pruebas de las supuestas infidelidades del artista y denunció haber quedado sin empleo ni compensación tras la ruptura.
La respuesta de Beéle no tardó en llegar. A través de su cuenta de Instagram, el cantante desmintió las acusaciones de su expareja y aclaró que la medida de alejamiento mencionada por Rodríguez Ascanio fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 debido a irregularidades en el proceso.
“No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses. No voy a hablar de mi vida privada y familiar, porque para eso instauré las acciones legales correspondientes. Tú quieres contar tu historia ante un pódcast, yo se la estoy contando a un juez”, expresó el artista en su publicación.
Mientras tanto, el proceso de divorcio entre ambos permanece en trámite desde diciembre de 2024. Rodríguez Ascanio, en sus declaraciones públicas, ha insistido en que nunca ha impedido el contacto de Beéle con sus hijos y que su intención es mantener una relación cordial por el bienestar de los menores. La exposición mediática de la disputa ha generado un intenso debate en redes sociales sobre el impacto de la controversia en la vida familiar y en la opinión pública.
En este escenario, la justicia ha determinado que la prioridad debe ser el bienestar de los hijos y la protección de los derechos de todas las partes involucradas. Por ello, la comisaría dispuso que los encuentros entre Beéle y sus hijos se realicen sin interferencias externas y que la comunicación entre ellos esté plenamente garantizada, tanto de manera presencial como a través de medios digitales.