La destinación de 260 mil millones de pesos para la ejecución de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta 2027 marca un paso importante en los procesos de justicia transicional en Colombia.
Este presupuesto tiene como objetivo garantizar la implementación de proyectos restauradores dirigidos a quienes aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, ya sean exintegrantes de la fuerza pública o de las antiguas Farc. Así lo reveló Caracol Radio, que obtuvo acceso a los detalles sobre la operación y el alcance de estas medidas.
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Según explicó en diálogo con medio radial Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la administración de los recursos para estos proyectos no puede estar en manos de la JEP por mandato legal, motivo por el cual el Gobierno suscribió un convenio con dicha agencia para manejar el dinero y asegurar el correcto desarrollo de los proyectos.
“Nosotros básicamente lo que hacemos es operativizar esos proyectos que la JEP está planteando”, comentó la funcionaria de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
Asimismo, Miller aseguró que la función de la entidad será garantizar la buena ejecución de los recursos por el tiempo previsto por el Gobierno nacional y evitar desviaciones de fondos, además de supervisar los proyectos restaurativos.
“Garantizamos que eso se vuelvan contratos, que eso se hagan a concurso a licitaciones en los casos que corresponde o que se hagan convenios interadministrativos con los cabildos o los consejos comunitarios en los casos en que corresponda, etc. De tal manera que nosotros podamos, esa sanción y esos proyectos que están propuestos, volverlos una realidad administrativa y operativamente”. Además, puntualizó que la entidad velará porque los comparecientes participen efectivamente en este proceso.
En lo que queda de 2025, el Fondo Colombia en Paz depositará 25 mil millones de pesos para financiar los proyectos ligados a las sanciones propias de la JEP.
Estas sanciones especiales para quienes reconocieron plenamente su responsabilidad —tanto exmilitares como exguerrilleros— implican trabajos, obras y actividades con contenido reparador (Toar), que se extenderán entre cinco y ocho años, incluyendo restricciones efectivas de libertades y derechos como la residencia y la movilidad.
La duración de estos compromisos busca reflejar el carácter restaurador de la justicia, concentrándose en la reparación, la reintegración y el beneficio a las comunidades afectadas.
En las zonas rurales, los proyectos definidos abarcan programas para la reparación de campesinos desplazados, la protección medioambiental de áreas reservadas, la construcción y reparación de infraestructuras, la eliminación de residuos, el mejoramiento de la electrificación y la conectividad, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la recuperación ambiental de zonas afectadas, así como el desarrollo y acondicionamiento de infraestructuras viales y programas de alfabetización y capacitación escolar.
En las ciudades, los Toar autorizados por la Ley Estatutaria de la JEP incluyen la construcción y reparación de redes de infraestructura, el acceso al agua potable, la implementación de sistemas de saneamiento, y la promoción de la alfabetización y la formación en diferentes competencias para la vida urbana.
Un elemento fundamental de este esquema de justicia transicional reside en las consecuencias previstas en caso de incumplimiento. La JEP determinó que si se comprueba que cualquiera de los comparecientes —ya sean exmiembros de la fuerza pública o de las antiguas Farc— no cumple con la sanción impuesta, podrían resultar en la cárcel por el tiempo que indique la sentencia, según información conocida por Caracol Radio.
Este mecanismo refuerza la obligatoriedad de las sanciones y subraya el compromiso con la reparación y la no repetición, garantizando que la justicia restaurativa tenga resultados tangibles para las comunidades afectadas por el conflicto.
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