El apoderado de Sanitas, Juan David Riveros, informó que la denuncia penal por prevaricato relacionada con la intervención de la EPS fue ampliada para incluir al actual superintendente de Salud, Helver Giovani Rubiano, y a otros funcionarios de la entidad.
Así lo precisó en entrevista con El Tiempo, donde explicó el estado actual de la restitución de la administración de la entidad y los avances judiciales vinculados al caso.
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Según describió, la reciente sentencia de la Corte Constitucional revocó decisiones previas y garantizó el derecho fundamental al debido proceso de Sanitas. Sin embargo, “hasta la fecha no se ha materializado la restitución de la EPS a sus legítimos propietarios, pues la Superintendencia Nacional de Salud no ha dado cumplimiento a las órdenes de la Corte ni ha establecido los mecanismos de interlocución necesarios para iniciar el proceso de devolución”, aseguró Riveros.
El abogado reveló que el pasado 1 de agosto fue presentada ante la Corte Constitucional una solicitud destinada a que se cumpla la decisión tomada en la Sentencia SU-277 de 2025.
“La Superintendencia no ha dado cumplimiento a lo ordenado por este alto tribunal, lo cual implica que aún persiste la violación de los derechos fundamentales objeto de amparo constitucional en la sentencia referida”, señaló a El Tiempo.
Sobre la respuesta gubernamental, el apoderado de Sanitas manifestó: “Salvo la presentación de la solicitud de aclaración y nulidad interpuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, no se ha recibido comunicación alguna por parte de dicha entidad tendiente a materializar la devolución ordenada por la Corte Constitucional.
Por el contrario, se evidencia una manifiesta falta de interés por parte de la entidad gubernamental para ejecutar efectivamente la restitución de la EPS a sus legítimos propietarios, configurándose así un incumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”, agregó en sus respuestas al citado medio de comunicación.
Riveros explicó que la Superintendencia Nacional de Salud solicitó la nulidad y aclaración de la sentencia alegando la existencia de 11 presuntos vicios materiales. Dicha actuación, según sus palabras recogidas por el diario, se apoyó en el argumento de que el remedio dispuesto exige gestiones de imposible cumplimiento y sostiene que existiría una violación al principio de legalidad, extralimitación funcional del alto tribunal, falta de legitimidad en la causa y otros aspectos vinculados a la configuración procesal de la Sentencia SU-277 de 2025.
Al ser consultado sobre si estos recursos cumplen con lo exigido por la jurisprudencia constitucional, Riveros declaró: “En mi opinión, la nulidad y la aclaración no cumplen con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para este tipo de recursos. Además, es importante precisar que la presentación de dichas solicitudes no suspende ni interrumpe en modo alguno el cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia SU-277 de 2025”, aclaró.
Además, explicó que ese mismo 1 de agosto se radicó ante la Secretaría General de la Corte Constitucional una solicitud formal de trámite de cumplimiento, buscando que las órdenes sean efectivamente ejecutadas.
Respecto al estado financiero de Sanitas, Riveros mencionó a El Tiempo que la información actual no resulta accesible debido a que la administración de la EPS no ha sido restituida.
“Tan pronto ello ocurra, iniciaremos una auditoría forense no solo contable, sino también en otras áreas, para poder identificar la situación real de la compañía”, afirmó.
El proceso arbitral internacional iniciado tras la intervención de la EPS Sanitas también continúa. Los inversionistas extranjeros y la República de Colombia se encuentran en etapa de constitución del tribunal en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El representante señaló: “Los inversionistas nombraron al Sr. Henri Álvarez... y la República de Colombia nombró al Sr. Alexis Mourre... Se encuentra pendiente el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral”, según detalló en la entrevista con El Tiempo.
La denuncia penal inicial se dirigió contra el exsuperintendente Luis Carlos Leal por el presunto delito de prevaricato por acción.
Riveros confirmó que el 7 de julio de 2025 se amplió la denuncia para incorporar al superintendente Helver Giovani Rubiano, así como a los miembros del Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud por su participación en los hechos actualmente investigados por la Fiscalía 36 Seccional de Anticorrupción de Bogotá.
A lo largo de la conversación con El Tiempo, el apoderado insistió en la falta de avance por parte de la autoridad reguladora para restituir la administración de la EPS y en la persistencia de acciones legales tanto en la jurisdicción nacional como en los tribunales de arbitraje internacional.