El magnicidio de Miguel Uribe Turbay por cuenta de un vil atentado, sucedido el 7 de junio de 2025 en medio de un acto político en el occidente de Bogotá, reactivó el debate jurídico sobre la protección estatal a funcionarios y los beneficios económicos para sus familiares.
Sobre lo que recibiría el núcleo familiar del senador de la oposición, el abogado Andrés Barrera publicó un video en redes sociales en el que analizó que la viuda y los hijos del legislador tendrían derecho a una pensión de sobrevivientes equivalente al 75% del salario mensual del congresista, con carácter vitalicio para la esposa y hasta los 25 años para los hijos, siempre que estos estén cursando estudios.
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Según lo que explicó el jurista, este beneficio está contemplado en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, regulaciones que amparan a quienes integran el Congreso de la República.
“El fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay deja importantes reflexiones sobre la protección legal a las familias de servidores públicos y la responsabilidad del Estado. En este análisis revisamos el régimen especial de congresistas, la cobertura de la ARL y las vías para reclamar indemnizaciones”, dijo el jurista.
Lo que comentó el abogado, que es viral en redes sociales es que, además, al tratarse de un homicidio perpetrado en el ejercicio de sus funciones políticas, el caso se cataloga como accidente laboral según la normativa vigente.
Por ello, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) también otorga una pensión de sobrevivientes igual al 75% del último salario, junto con otras prestaciones.
Sin embargo, Barrera precisó que los familiares deberán elegir entre uno de los dos regímenes, ya que la ley prohíbe recibir ambos pagos por un mismo hecho: “Deberán optar por el régimen que les resulte más conveniente”.
En este sentido, el abogado resaltó que el procedimiento de la ARL suele ser más expedito y que no impone requisitos de semanas mínimas cotizadas, ventaja relevante para los beneficiarios que buscan acceder pronto a un respaldo económico.
Cuánto es en números
Los valores actuales para un senador contemplan una remuneración mensual aproximada de $51,51 millones, cifra ajustada con el incremento salarial del 7% implementado en 2025. Se distribuye así: asignación básica ($12,46 millones), gastos de representación ($22,14 millones) y prima especial ($16,91 millones).
Por otro lado, la familia tiene la opción de reclamar una indemnización plena de perjuicios al Estado colombiano, basado en la posible “falla en el deber de protección” que, según Barrera, podría deducirse dada la naturaleza del crimen y el contexto del evento político.
De acuerdo con el análisis jurídico, aunque el ingreso por pensión será significativo, el proceso para elegir el régimen más conveniente deberá evaluarse en función de la rapidez y las condiciones de acceso.
Además, la eventual reclamación de daños y perjuicios representa una alternativa que podría aumentar el respaldo financiero tras el asesinato del senador.
La indemnización en caso de que se demuestren fallas en la protección del precandidato cuando sucedió el atentado
El reconocido penalista Francisco Bernate, a su vez, recordó que el Estado colombiano ya fue condenado en ocasiones anteriores a indemnizar a víctimas ante “una inadecuada protección a su vida y a su integridad”.
Respecto a Miguel Uribe Turbay, la investigación evidenció que existieron 26 solicitudes formales de protección ignoradas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Incluso, el abogado de la familia del senador asesinado, Víctor Mosquera, aseguró que fueron 53 solicitudes.
Bernate indicó que este descuido constituye “una grave omisión a su deber de cumplir a esta persona, de manera que es previsible”.
Aunque se comprobó la intervención de terceros, incluida la participación de un menor y una estructura criminal, el experto aseveró que la responsabilidad estatal persiste y que “las denuncias del congresista sobre su esquema de seguridad son clave para determinar la responsabilidad del país”.
El Consejo de Estado analizará la viabilidad de una demanda contra el Estado argumentando la omisión estatal ante el riesgo reportado. Bernate puntualizó que el monto de una posible indemnización dependerá de las circunstancias de la participación de terceros, pero advirtió que, más allá de las cifras, “hay argumentos para pensar que el Consejo de Estado puede aplicar este precedente y condenar a nuestro país a indemnizar”.