El exvicepresidente y jefe natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, cuestionó de forma pública la respuesta del Gobierno Nacional después del atentado contra el representante a la Cámara por Huila, Julio César Triana. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:00 p. m., cuando el congresista fue atacado al salir del municipio de La Plata, en el occidente del departamento.
Julio César Triana viajaba en una camioneta acompañado por tres miembros de la Policía Nacional, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). De acuerdo con el relato del legislador, varios hombres armados intentaron hacer detener el vehículo en la vía hacia Paicol y, tras no lograrlo, abrieron fuego con fusiles y pistolas nueve milímetros. El vehículo recibió ocho impactos de bala, y ninguno de los ocupantes resultó herido.
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A través de sus redes sociales, el representante Triana denunció el ataque y explicó que tras los disparos no recibió apoyo inmediato de la fuerza pública: “Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército, la ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la fuerza pública”.
Posteriormente, el legislador confirmó que estaba a salvo en la estación de policía del municipio de Col y agradeció a quienes participaron en su resguardo, señalando: “Ya han dispuesto de un helicóptero para que podamos salir de aquí y llegar a la capital del Huila que es Neiva”.
Después del atentado, Germán Vargas Lleras expresó su inconformidad con la respuesta estatal, cuestionando la protección de los líderes de oposición. Señaló: “Hoy ocho sicarios atentaron contra el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, saliendo de La Plata, Huila. El parlamentario ha recibido más de tres amenazas por grupos criminales. Todo esto ocurre ante la indolencia de las autoridades que, pese a las denuncias y advertencias, no hicieron nada. Igual que con el gobernador del Caquetá, como lo denuncié. Y por lo visto, ni el vil asesinato de Miguel Uribe Turbay permitió que, a lo menos hoy, dieran un respiro. A estos delincuentes ya nada los conmueve. Y menos, al Gobierno Nacional que está en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de los colombianos, principalmente de quienes ejercen la oposición”.
Estas palabras de Vargas Lleras resumen una serie de quejas que apuntan a la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades, incluso después de reiteradas denuncias y episodios violentos recientes en la región. El exvicepresidente insistió en que la obligación de proteger a la oposición recae en el Estado y lamentó que las advertencias no hayan sido atendidas.
En otro mensaje en X, Vargas Lleras profundizó su señalamiento sobre la situación de orden público en Huila y vinculó el fenómeno a la actividad de grupos armados ilegales y el narcotráfico. Escribió: “Y como bien lo hemos denunciado, nuevamente el Huila es el epicentro de estos delincuentes, al frente de Mordisco y Calarcá, este último que sigue cobijado por el proceso de paz y a quien le levantaron la orden de captura. Estructuras todas dedicadas al narcotráfico. Este departamento se encuentra abandonado, como ocurrió hace dos décadas, con un incremento alarmante en reclutamiento de menores que hoy registra un crecimiento de más del 300%. En estas condiciones nada podemos esperar en materia de garantías”. El dirigente advirtió sobre el abandono estatal en la región, la expansión de economías ilícitas y el aumento del reclutamiento de menores por organizaciones armadas, lo que agrava el escenario de seguridad y amenaza a los líderes políticos.
La situación de Julio César Triana no es reciente. El representante había denunciado anteriormente amenazas en su contra. El 25 de mayo de 2024, recibió llamadas y mensajes anónimos que lo calificaban de “enemigo de la paz” por su respaldo a la Fuerza Pública. El 2 de octubre de 2024, las amenazas alcanzaron a su familia a través de mensajes en WhatsApp. El 12 de agosto de 2025, las disidencias de las Farc del Frente Rodrigo Cadetelo lo declararon junto con otros congresistas del Huila como “objetivo militar”.
El congresista explicó que la Unidad Nacional de Protección negó el fortalecimiento de sus esquemas de seguridad, aun cuando existían recomendaciones de la Policía Nacional. Triana detalló que la petición formal presentada ante la CIDH y trasladada a la UNP fue negada por la entidad, así como el recurso de reposición que interpuso, y que recién en junio de 2025 recibió una respuesta que requería “un nuevo estudio”, lo que dilató el proceso.
Luego del atentado, el partido Cambio Radical emitió un comunicado responsabilizando directamente al Gobierno Nacional por la vida del congresista y de los demás integrantes de la colectividad. Posteriormente, una unidad motorizada del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza de la Novena Brigada custodió al representante hasta la llegada de la aeronave de la Aviación del Ejército Nacional, que realizó el traslado hacia Neiva.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en la red social X: “El Congresista Julio César Triana ya fue evacuado de Paicol hacia Neiva, en un helicóptero de nuestro EJÉRCITO y acompañado por un helicóptero de nuestra Fuerza Aérea. El comandante de la Novena Brigada, está con él y su esquema de seguridad. Los integrantes del cartel de las disidencias del narco Mordisco que hicieron el atentado, huyeron cuando entraron en combate con tropas del EJÉRCITO. Por inteligencia se conoce que la estructura criminal tendría heridos. Mantenemos la ofensiva para desmantelar todas las amenazas, especialmente aquellas que atacan a la democracia”.
El traslado del legislador a la capital del departamento se completó bajo resguardo militar. El ataque reavivó el debate sobre la seguridad de los políticos de oposición y la respuesta del Estado ante las amenazas contra líderes públicos en zonas con actividad de grupos armados.