“Siempre es que el ladrón juzga por su condición. Besitos estadísticamente significativos”. Con esta frase, Piedad Urdinola, actual directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), respondió de forma irónica y directa a las acusaciones que lanzó Juan Daniel Oviedo, exdirector de la entidad y precandidato presidencial, sobre la supuesta pérdida de independencia estadística bajo el Gobierno de Gustavo Petro.
El cruce de declaraciones, recogido por La FM y la Alianza Informativa Tribuna RCN, expuso una disputa que trasciende lo personal y pone en el centro la confianza pública en los datos oficiales.
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La controversia se desató cuando Oviedo cuestionó abiertamente la credibilidad del Dane durante una entrevista con el medio citado.
El exdirector recordó que, al inicio del mandato de Petro, el presidente lo consideró como el único funcionario del gobierno anterior que podría continuar en el cargo.
Sin embargo, rechazó la posibilidad al percibir que su labor técnica estaría supeditada a figuras políticas, como Daniel Rojas, y no tendría acceso directo al mandatario. “Si voy a tener mandadero, yo mejor no”, ironizó, dejando entrever su preocupación por la autonomía de la entidad.
El punto más delicado de sus críticas se centró en la modificación del dato de pobreza correspondiente a 2023, que, según Oviedo, fue alterado pocos días antes del discurso presidencial del 20 de julio, sin que se ofreciera una justificación técnica clara.
“Yo asumí muchos errores como director del Dane. Pero no fueron capaces de decir de frente que se habían equivocado”, afirmó, subrayando la necesidad de que la entidad rinda cuentas de manera transparente.
Además, reprochó el lenguaje utilizado por el Gobierno para defender el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026, al señalar que el país requiere “explicaciones, no poesía”.
La respuesta institucional de Urdinola no se limitó a la ironía. En un mensaje oficial, reafirmó el compromiso técnico de la entidad: “Desde el Dane trabajamos con un principio inquebrantable: asegurar la calidad, transparencia y disponibilidad de las estadísticas oficiales desde la independencia técnica para la toma de decisiones. Cada dato es una realidad que responsablemente reflejamos de manera concreta”.
El Departamento también respondió a inquietudes ciudadanas sobre la posible manipulación de datos, invitando a quienes tengan pruebas de irregularidades a denunciarlas ante las autoridades competentes y a través de los canales internos de la institución: “El compromiso del Dane es producir información confiable para el país. Si usted o alguien tiene pruebas de un manejo inadecuado o de manipulación de datos, lo invitamos a denunciar a las autoridades competentes y también en los canales internos de denuncia que tiene la entidad”.
El debate sobre la independencia del Dane no se limita a las figuras de Oviedo y Urdinola. Voces del sector privado y académico han intervenido para defender la autonomía de la entidad. Daniel Gómez Gaviria, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, reaccionó ante cuestionamientos de la congresista Lina María Garrido sobre la veracidad de los datos oficiales, y sostuvo: “El Dane es una entidad seria que nunca ha falseado ni manipulado cifras para favorecer al Gobierno de turno. Se ha logrado garantizar su independencia y autonomía (a pesar de las pataletas esporádicas de los gobiernos). Es un gran activo que hay que proteger”.
En la misma línea, Mauricio Salazar-Saenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advirtió sobre los riesgos de estigmatizar las fuentes oficiales de información, ya que estos discursos pueden generar realidades y narrativas alternativas.
“Ante dudas, el Dane siempre ha respondido los derechos de petición. Preguntemos. Lo gremial importa, pero no tiene el alcance del Dane”, puntualizó en una publicación a través de su cuenta de X.
La controversia revela la tensión persistente entre la política y la estadística en Colombia, y subraya la importancia de preservar la independencia técnica del Dane para mantener la confianza ciudadana en los datos que sustentan las decisiones públicas.