El exfiscal general de Colombia Francisco Barbosa lanzó una dura advertencia sobre el deterioro de la seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana, señalando directamente al presidente Gustavo Petro y a sus funcionarios como responsables del debilitamiento de la presencia estatal.
“Petro dejará un legado de muerte y destrucción, con la complicidad del cínico ministro de Defensa y de todos los funcionarios que se prestan para este desastre”, Barbosa escribió a través de su cuenta en X.
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Con esta frase, el exjefe del ente acusador apuntó al Gobierno por lo que considera una permisividad frente al avance del crimen organizado en las zonas limítrofes.
Según Barbosa, la ausencia de control estatal ha permitido que las organizaciones criminales consoliden su dominio en pasos estratégicos, desplazando a las autoridades militares y policiales.
De las aproximadamente 1.500 toneladas de cocaína que Colombia produce cada año, cerca de 900 pasan por territorio ecuatoriano antes de llegar a mercados internacionales, según el general Fausto Salinas, excomandante de la Policía ecuatoriana, consultado por Semana.
Barbosa completó su denuncia, señalando: “Mientras Petro distrae al país con un conflicto absurdo con Perú, la frontera con Ecuador se convirtió en un nido de narcotraficantes que delinquen sin que nadie los controle.”
En esta región operan grupos armados como el Estado Mayor Central de las Farc, liderado por alias Iván Mordisco, con vínculos con carteles de México, Albania y Ecuador.
También la Segunda Marquetalia, bajo el mando de alias Iván Ríos, controla territorios binacionales y utiliza puertos ecuatorianos para exportar droga, incluso con el uso de submarinos.
A ellos se suman los Comandos de Frontera, que producen y transportan cocaína desde Putumayo e Ipiales, empleando comunidades indígenas para el cultivo y el traslado de la droga, lo que complica las operaciones militares y policiales.
Un caso particular es el de los Comuneros del Sur, disidencia del ELN, que pese a un proceso de paz en curso habría creado un grupo paralelo llamado Autodefensas Unidas de Nariño para continuar sus actividades ilícitas.
Según interceptaciones y testimonios, reclutan hombres y mujeres con la promesa de pagarles 500 dólares mensuales, aunque muchos terminan defraudados y atemorizados al no recibir lo prometido.
De acuerdo con el medio citado, el control territorial de estas organizaciones se ve facilitado por el debilitamiento institucional. La XXIII Brigada del Ejército, responsable de Nariño, sufrió para 2025 una reducción presupuestal del 21 %, quedando con apenas 77 millones de pesos asignados.
En Putumayo, la XXVII Brigada no recibió presupuesto en 2024 y solo obtuvo 46 millones este año. La Policía, aunque ha aumentado el pie de fuerza, carece de la tecnología y la inteligencia necesarias para vigilar los más de 185 pasos ilegales que cruzan la frontera.
“No tenemos las capacidades para ponerles control a los pasos ilegales”, reconoció un alto oficial, al señalar que ni siquiera hay cámaras de seguridad y que la comunidad teme colaborar por miedo a represalias.
El puente internacional de Rumichaca, principal paso formal entre Colombia y Ecuador, tampoco escapa al control de las mafias.
Investigaciones de las Fuerzas Militares señalan que el Tren de Aragua domina esta zona, manejando narcotráfico, extorsión, tráfico de migrantes y circulación de moneda falsa.
Policías colombianos han sido sobornados para alertar sobre operativos o facilitar el paso de cargamentos, lo que ha derivado en capturas e investigaciones internas.
En este mismo punto fronterizo opera la modalidad conocida como “el cambiazo”: cajas de ketaminas provenientes de Ecuador se intercambian por cocaína que ingresa a Colombia. Las ketaminas se destinan a la producción de drogas sintéticas en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.
La minería ilegal es otro de los motores del crimen. Guerrillas colombianas controlan yacimientos en Ecuador, generando daños ambientales y riesgo para las comunidades. Por cada kilo de oro que comercializan, obtienen hasta 100.000 dólares.
Comuneros del Sur y facciones de la Segunda Marquetalia han pactado con bandas ecuatorianas como los Choneros y los Lobos para repartirse las zonas de extracción, trasladando el oro en poleas aéreas a Colombia.
La presión sobre la población civil es constante. Los grupos armados imponen cobros ilegales de 200 pesos por litro de leche y 300 dólares a mineros ilegales por operar en bocaminas. Líderes comunitarios e indígenas son amenazados o asesinados si no acatan las reglas impuestas.