Al tiempo que inicia el último año de gobierno del presidente Gustavo Petro, uno de sus principales aliados en una de sus principales estrategias, la de la Paz Total, entregó el balance de lo que se ha logrado en los tres años anteriores.
En la mañana del jueves 7 de agosto, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, señaló que la prioridad del mandatario por conseguir acuerdos con las bandas criminales lo ha llevado, incluso, a pasar por encima de los compromisos internacionales en materia de extradición.
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“El presidente ha puesto el tema de la paz por encima de la voluntad de extraditar a personas que hoy, mostrando su voluntad de superar las violencias, pueden ayudar a este tema de la superación de las violencias”, afirmó el funcionario en una entrevista concedida a El Espectador.
Este escenario forma parte de la recta final del gobierno de Gustavo Petro y su ambiciosa apuesta por la llamada “paz total”, una política que busca negociar o someter a los distintos actores armados en Colombia.
Tras dos años de gestión y con solo un año restante para presentar resultados visibles, Patiño sostuvo que la prioridad es consolidar procesos irreversibles de transformación en los territorios, priorizando la satisfacción y el bienestar de la población sobre la mera firma de acuerdos formales.
“El principal logro es generar procesos irreversibles. De tal manera que en lo que avancemos, en todos los 10 procesos que estamos desarrollando, el gobierno que llegue, sea cual fuere, siga adelante porque están fundamentados en el bienestar de la gente en esos territorios críticos”, afirmó el funcionario.
Cuestionado respecto a cuáles de los actuales procesos de negociación podrían considerarse irreversibles en este momento, Patiño enfatizó: “Aspiramos que todos”, aunque destacó que algunos territorios, donde ya funcionan los puestos de mando unificado y las transformaciones económicas locales, presentan avanzadas condiciones para la irreversibilidad.
En ese sentido, puso como ejemplo el progreso en Comuneros del Sur, un proceso derivado del diálogo con el ELN, en el que el avance se dio gracias a la “territorialización” de los acuerdos.
“En la medida que se territorializó ese proceso, se pudo empezar a hablar de erradicación de cultivos, de destrucción de material de guerra, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de transiciones de los armados a la civilidad”, detalló el comisionado de paz al diario nacional.
Patiño también se refirió a la gestión de la paz urbana en ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó, en las que distintos delegados han trabajado en la disminución de la violencia y el desmonte de estructuras criminales.
Concretamente, destacó que “en Medellín se logró disminuir el número de homicidios a una sola cifra”, en contraste con los registros previos. Reconoció, sin embargo, qué desafíos como la extorsión y la persistencia del crimen organizado exigen un esfuerzo conjunto de las instituciones judiciales, policiales y militares, más allá del trabajo exclusivo de la Consejería de Paz.
Interpelado sobre la polémica suspensión de extradiciones de solicitados por Estados Unidos, como parte de la política de incentivos para la desmovilización, el consejero explicó: “La potestad del presidente pasa por la posibilidad de aplicar o no la extradición. No aceptarla pasivamente; tampoco negarla o suspenderla, pero sí supeditar la aplicación a que con esas organizaciones y esos personajes se haya avanzado notablemente en la paz”.
Agregó que quienes demuestren voluntad de tránsito hacia la civilidad y cumplan con el traslado a las ZUT verán suspendida temporalmente la aplicación de extradiciones.
Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), planteadas como espacios de tránsito para grupos armados en proceso de desmovilización, aún no han entrado completamente en funcionamiento debido a la necesidad de labores de desminado previas y limitaciones logísticas, según explicó Otty Patiño, consejero comisionado de paz.
El funcionario precisó que “para generar una Zona de Ubicación Temporal, se necesita un proceso de desminado. Sin eso no es posible; la gente que se ubica allí corre gran riesgo”.
Patiño estimó que el establecimiento de la ZUT del Frente 33, en la región del Catatumbo, podría materializarse en uno o dos meses, mientras que los procesos similares en Nariño y Putumayo continúan avanzando, con la expectativa de tener estos territorios “totalmente desminados y operando antes de que termine el año”.
Sobre las dificultades en regiones impactadas por la acción simultánea de grupos armados rivales, Patiño reconoció la fragilidad institucional para ocupar espacios abandonados por estructuras criminales.
En el caso de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, advirtió: “Si no tenemos una institucionalidad capaz de llegar a los territorios y suplir la tarea que, de manera arbitraria, cumplen estos actores armados, no habrá un avance real”.
El consejero también abordó los desafíos de coordinación y la percepción de un “divorcio” entre la implementación de la paz total y el Acuerdo de Paz de 2016.
Indicó que si bien su oficina ha trabajado con entidades como la JEP y oficinas de reincorporación, “la verdad es que sí ha habido un divorcio entre la paz total y la implementación de la paz de los acuerdos de 2016”. Precisó que la supervisión de esos acuerdos recae en otras dependencias, destacando la labor de la oficina liderada por Gloria Cuartas.
En cuanto al futuro inmediato, Patiño destacó que la meta es que antes de diciembre estén “operando las tres Zonas de Ubicación Temporal” y que los avances en territorios críticos sean sostenidos, pese a los obstáculos.