El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió el viernes 1 de agosto la resolución que fija los precios mínimos por tonelada de arroz paddy verde en Colombia, como parte de los acuerdos para levantar el paro arrocero y estabilizar el mercado.
La medida, de carácter excepcional y transitoria, busca proteger a los productores, fortalecer la seguridad alimentaria y combatir el contrabando.
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Tras el compromiso adquirido por el Gobierno nacional con los productores arrocero, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, firmó la resolución que establece un régimen de libertad regulada para el arroz paddy verde en todo el país.
Esta decisión, respaldada por un concepto favorable de la Superintendencia de Industria y Comercio, responde a la necesidad de reconocer los costos de producción y las particularidades de cada región productora.
La resolución establece precios mínimos de referencia por tonelada para las principales zonas productoras de arroz paddy verde:
- Bajo Cauca: $1.491.478
- Centro: $1.589.489
- Costa Norte: $1.512.785
- Llanos: $1.457.387
- Santanderes: $1.555.398
Estos valores buscan dar respuesta a las diferencias en costos y condiciones de cada región, con el objetivo de ofrecer condiciones más justas a los agricultores.
El documento ordena que todo comprador debe reportar semanalmente en la plataforma Siriarroz los precios pagados, las toneladas adquiridas, el municipio de compra, el molino, planta o agencia donde se realice la adquisición, así como la forma, plazo y condiciones de pago y financiamiento utilizados.
El incumplimiento de estas disposiciones será trasladado a la Superintendencia de Industria y Comercio, que actuará según su competencia.
La determinación del Gobierno surgió tras la evaluación técnica sobre la coyuntura del sector y los compromisos con el gremio arrocero, que había exigido medidas urgentes para enfrentar la caída de precios y la competencia desleal derivada de prácticas ilegales como el contrabando.
La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la resolución responde a principios constitucionales orientados a la protección del campesinado, la garantía de soberanía alimentaria y el impulso al desarrollo rural.
La ministra Martha Carvajalino precisó que la resolución tiene carácter transitorio y estará bajo monitoreo permanente del Ministerio de Agricultura, en coordinación con los gremios y las autoridades de control.
Se anunció, igualmente, la implementación de un régimen de libertad regulada para el arroz blanco y un plan de choque contra el contrabando de la mano de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
“La adopción de esta medida busca estabilizar el ingreso de los productores arrocero y garantizar la continuidad de la producción nacional frente a los desafíos del comercio ilegal y la volatilidad de los precios”, señaló Carvajalino.
El Gobierno explicó que, junto con la medida de precios mínimos, se implementarán controles adicionales para fortalecer la protección a la producción local.
Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, expresó que se analizarán mecanismos de defensa comercial y se reforzará el control aduanero para evitar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos y combatir prácticas ilegales.
“El compromiso es evaluar la viabilidad de medidas concretas que promuevan la estabilidad del sector arrocero y permitan la efectividad de la regulación de precios. El Ministerio de Comercio trabajará en la aplicación de instrumentos de defensa comercial y la implementación de controles aduaneros más rigurosos para proteger a los productores nacionales de la competencia desleal”, afirmó Morales.
El régimen de libertad regulada que ahora rige para el arroz paddy verde se define como excepcional, temporal y sujeto a revisión y ajuste permanente según las condiciones del mercado, los reportes de compras y ventas y los indicadores de producción.
Una de las novedades que introduce la resolución es la obligación de reportar todas las operaciones de compra de arroz paddy verde a través de la plataforma Siriarroz.
Cada comprador debe consignar semanalmente los detalles de las compras realizadas, el valor pagado, la cantidad adquirida, la ubicación y el método de pago. Esta herramienta busca garantizar la transparencia del mercado y facilitar el control de las autoridades ante posibles irregularidades.
La información recopilada permitirá al Ministerio de Agricultura y a la Superintendencia de Industria y Comercio monitorear el cumplimiento de los precios mínimos y detectar eventuales operaciones fuera de norma. Las denuncias de incumplimiento serán investigadas y sancionadas conforme a la ley.