El Gobierno Petro, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, presentó en el límite del plazo legal dos recursos ante la Corte Constitucional: una incidente de nulidad y una solicitud de aclaración del fallo que ordenó la devolución de la EPS Sanitas a sus propietarios originales, el Grupo Keralty.
La Superintendencia argumentó que el incidente de nulidad no pretende reabrir el debate jurídico, sino asegurar que las decisiones de la Corte Constitucional respeten de manera estricta las garantías procesales, en particular el debido proceso, y mantengan la coherencia del sistema normativo y jurisprudencial.
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El recurso, según la entidad, solo procede cuando se detecta un defecto grave y ostensible en el trámite de la sentencia o una transgresión con impacto sustancial en la decisión. En este caso, la Superintendencia sostiene que existen “múltiples y graves vicios materiales en la Sentencia SU-277 de 2025 que justifican su nulidad”, entre los que destaca una supuesta elusión arbitraria del análisis de asuntos de relevancia constitucional, precisó El Tiempo.
¿Qué expone la Superintendencia de Salud?
Entre los puntos señalados por la Superintendencia figura la omisión de los argumentos presentados por la entidad sobre su competencia para verificar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un aspecto técnico clave en la financiación del sistema de salud colombiano.
Además, la entidad sostiene que el remedio dispuesto en la sentencia implica gestiones de imposible cumplimiento y que se vulneró el debido proceso por la imposición de una nueva regla, lo que, a su juicio, transgrede el principio de legalidad. También se alega la violación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, argumentos que la subdirectora de defensa jurídica de la Superintendencia, María Camila Lozano Martínez, expuso en detalle ante el magistrado Juan Carlos Cortés, a cuyo despacho llegó tanto la acción de nulidad como la solicitud de aclaración del fallo.
De forma paralela, Lozano Martínez presentó una solicitud de aclaración del fallo, en la que pide a la Corte Constitucional que precise el alcance de la expresión “dejar sin efectos” contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia SU-277 de 2025, y si ello implica la anulación de tres resoluciones administrativas, puntualizó El Tiempo.
La funcionaria también solicitó que se aclare cómo debe actuar la Sección Primera del Consejo de Estado tras la decisión de la Corte y cuáles son las medidas procesales que ese órgano debe adoptar en los procesos bajo su competencia.
Otro aspecto relevante de la solicitud de aclaración es la petición de que la Corte defina, aunque sea de manera sucinta, el procedimiento que la Superintendencia debe seguir para entregar la EPS Sanitas a los accionistas o a quien corresponda, así como el plazo máximo para cumplir con esa entrega, dado que la sentencia no regula este aspecto en ninguna norma vigente.
Además, se requirió que se especifique cuáles son las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 que la Superintendencia debe considerar en futuras intervenciones administrativas.
Las críticas del Grupo Keralty
Mientras tanto, el grupo Keralty ha reiterado públicamente que el Gobierno Petro no ha restituido la EPS, a pesar del mandato del alto tribunal. El apoderado de Keralty, Juan David Riveros, expresó a El Tiempo su confianza en que la Corte Constitucional desestimará la pretensión del gobierno, al considerar que la argumentación oficial carece de fundamento y que la acción de nulidad no suspende la obligación de cumplir la sentencia.
“A pesar de que el planteamiento de nulidad no suspende el cumplimiento de la decisión, no sorprende esta actitud del gobierno, que al parecer solo acata las decisiones judiciales en donde les dan la razón”, cuestionó Riveros.
El Tiempo resaltó que la respuesta de la Corte Constitucional a estos recursos se conocerá en las próximas semanas.